Hay una gran diferencia entre las pequeñas monarquías primitivas, la monarquías medievales, las monarquías del siglo XXI y las democracias actuales que se presentan con diferentes modelos. Colombia hoy es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria. El Estado social es muy distinto de una monarquía, porque según la Constitución en el Estado social el ejercicio de la función administrativa “está al servicio de los intereses generales”, y se fundamenta en principios como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Bastaría esta norma para gobernar bien a esta patria diversa y confundida. No obstante los sociólogos y filósofos modernos han dado más claridad a ciertas teorías para el manejo del Estado. Entre ellos está Jürgen Habermas quien ha comentado temas como la opinión pública crítica y la opinión pública manipulada. J. Habermas en los años setenta y ochenta articuló su teoría de la acción comunicativa, en la que presenta la discusión pública como la única posibilidad de superar los conflictos sociales, gracias a la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la cooperación a pesar de los disensos. El título opinión pública tiene que ver con tareas de crítica y de control, que los ciudadanos de un Estado ejercen de manera informal (y también de manera formal en las elecciones periódicas) frente al dominio estatalmente organizado”.
Complementaria con esta teoría otros científicos del conocimiento, especialmente dedicados a expandir nuevos criterios sobre la educación, han profundizado en el tema del aprendizaje dialógico, uno de cuyos principios es el diálogo igualitario y que consiste en reconocer que “la fuerza está en los argumentos y no en la jerarquía de quien habla; que es escuchar con respeto y hablar con sinceridad. Una consecuencia de aquel principio es que “la realidad es una construcción humana y que los significados dependen de las interacciones humanas. Ahora bien hay que reconocer y aceptar que “la democracia se mueve lentamente” y que el conductor democrático debe tener la habilidad de percibir la dirección en que se mueve el grupo y moverse en esa dirección. Por tanto, no es democrático expresar que uno puede tomar caminos diferentes al grupo que representa y asumir el desprestigio. Eso opera en las dictaduras o en las monarquías pero no en las Naciones deliberativas. Tal comportamiento viola el principio del diálogo igualitario, y conduce a una posición dictatorial. Negarse al diálogo por parte de un director democrático es incurrir en la peor de las tácticas. El director democrático se baja de su pedestal y habla con sus iguales, sin tener en cuenta ninguna investidura.
Nuestro gobierno cree que el apoyo de la fuerza pública genera un campo protector para hacer lo que el gobernante quiere. Y en eso hay una grave equivocación. Porque el comportamiento humano se resiste incluso a la fuerza. Hoy estamos en un grave dilema, pues la pandemia ha puesto a muchos en niveles de pobreza que no habían experimentado. La situación económica de los colombianos ha hecho crisis y eso contrasta con el principio de autoridad. El hambre y la falta de empleo, educación, salud y oportunidades ubica la rebeldía por encima de las instituciones y a eso debe ponerle mucho cuidado el gobernante. Una explosión social, sería el fin de nuestra democracia. Por ello el diálogo social se hace más necesario y es oportuno que el Presidente se baje de su trono. Un alzamiento ciudadano es lo que menos le conviene a Colombia. La fuerza pública está para proteger a todos los habitantes de territorio nacional, no para resguardar caprichos institucionales.
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