La Constitución de 1886 dejó muchos rezagos de autoritarismo que los gobernantes tratan de revivir encerrándose en la Casa de Nariño, como una fortaleza donde solamente pueden entrar los invitados del régimen. Los dos primeros artículos de esa carta derogada establecían: Artículo 1.- La Nación Colombiana se reconstituye en forma de República unitaria. Artículo 2.- La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece. La primera norma solucionó el problema Federal que mantuvo el clima beligerante de los territorios. La segunda consolidó la soberanía en la Nación. La Constitución de 1991 en el artículo 1º calificó a Colombia como un Estado social de derecho, organizado como república unitaria y descentralizada. El artículo 3º expresó que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.” Las viejas Constituciones sacaban a los presidentes de su palacio para ir a la guerra, ciclo que ha durado hasta hoy. Por eso los colombianos podemos decir que la Constitución de 1991 no se ha aplicado a plenitud, porque los Presidentes no se han educado para gobernar con los nuevos principios constitucionales modernos, los fines esenciales del Estado, y tampoco han comprendido la misión de las autoridades.
Un gobierno ausente hoy, es aquel que gobierna a distancia, sin entender los conceptos consagrados en los artículos 287 y 288 de la Carta del 91 que tienen un alcance jurídico y técnico. Un gobierno ausente es aquel que no entiende la naturaleza de las entidades territoriales cuyo “carácter implica, el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales”. Un gobierno ausente es aquel que combina la dura represión con negociaciones, sobornos y persuasión y así logra aliarse con políticos regionales o nacionales, a cambio de prebendas o recompensas, para afrontar las crisis sociales, calmando las protestas, pero sin solucionar los problemas de fondo. Un gobierno ausente es aquel que se interesa únicamente en recaudar tributos, establecer y renovar los pactos políticos que lo ayudaron a elegir y, además, castigar, si es preciso, a quienes se rebelan contra el gobierno, por no acompañarlo en sus “sabías” decisiones.
Finalmente, un gobierno ausente es aquel que pretende manejar las regiones virtualmente, sin contacto directo con los líderes sociales, quienes son los orientadores reconocidos de la comunidad, y que cuando se presentan protestas en vez de dar soluciones acude a la fuerza pública para que lo sostengan en el poder. Un gobierno ausente no dialoga con los pueblos indígenas originarios, despojados de su lengua, de sus costumbres y de su territorio. Eso ha pasado siempre, se acude a la fuerza cuando la realidad muestra que la madurez de los jóvenes solamente entiende la concertación, la amabilidad, y las buenas maneras, salvo cuando el gobernante cree que esa forma de actuar es de gente cobarde. Quien tiene que deponer las armas es el gobierno que las ostenta por norma constitucional, no los ciudadanos inermes que solamente aspiran a una vida mejor. Por eso un gobierno ausente nunca habla contra el despilfarro público ni lo controla, y habla de la corrupción pero no la elimina. Colombia necesita un gobierno austero, programático, sensible a las necesidades del pueblo, y ejecutor de proyectos y programas prioritarios para el desarrollo humano.
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