Italia, la octava economía de la unión europea dio ejemplo al reducir su Parlamento en un tercio de sus miembros. Ello implicará ahorros sustanciales para inversión social y acelerará sus decisiones. Italia con una población un poco superior a los 60 millones de habitantes se renovará a partir del año 2023 en materia legislativa. En el caso colombiano cada congresista le cuesta el erario público cerca de $100 millones de pesos mensuales, si se tienen en cuenta el costo de su unidad de trabajo legislativo, vehículos, tiquetes y otros beneficios que generalmente no se publican. La pandemia puso a pensar a todos los colombianos que un Congreso tan numeroso no es necesario, pues las personas se pueden comunicar directamente vía internet por muchos canales, incluso para emitir su voto en elecciones municipales, regionales y nacionales. Otro antecedente legal es que los proyectos que se tramitan con mensaje de urgencia solamente tienen tres debates, lo mismo que ocurrió con los proyectos relacionados con el acuerdo de paz que se aprobaron por el mecanismo fast track (acto legislativo 1 de 2016). Un congreso de 150 integrantes permitiría dar representación a todas las regiones y se establecerían en el trámite de los proyectos de ley y actos legislativos consultas virtuales para recibir las ideas de todos los colombianos que quieran hacer propuestas de textos nuevos, adiciones o modificaciones, lo cual constituye un instrumento de democracia participativa ideal para un mundo apoyado por las TIC.
La doctrina internacional afirma que nuestro derecho es represivo, y que se limita a legitimar el poder. Quien tiene las riendas del gobierno pretende permanecer en él, así sea a través de disposiciones legales que no puedan modificarse. Lo que requiere la sociedad es un derecho responsivo (Bourdieu-Teubner 2000), es decir, que permita resolver las inquietudes de la sociedad, toda vez que el derecho estatal no puede ser el único sistema normativo que nos dirija en la regulación de la conducta de los particulares. Dworkin el filósofo americano cree que, para interpretar una ley, hay que poseer antes una teoría sobre cuál sería la «mejor» ley. Ello podría lograrse con una intervención diferenciada de todas las clases sociales del país mediante mecanismos directos de comunicación.
La depuración integral de los procedimientos de elección de concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y Presidente, daría mayor legitimidad a la democracia participativa. Incluso, limitando la intervención económica de los poderes invisibles, que afectan toda elección en nuestro país. Esas fuerzas deben ser descubiertas y sancionadas a través de mecanismos que la propia ciudadanía apruebe. El trámite de las leyes, entonces, puede reducirse a dos votaciones, por comisiones especializadas y luego por la plenaria, previas las audiencias públicas obligatorias que se convoquen para que el pueblo aporte ideas. Los poderes del Presidente deben limitarse a tareas ejecutivas, que lo conviertan en un guardián de los derechos fundamentales de los ciudadanos y garante de la seguridad, de la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio. Nonet y Selznick afirman que el formalismo legal está sufriendo una crisis de la que emerge una nueva orientación, hacia una soberanía de la finalidad. El ascenso de la finalidad transforma organizaciones normativas fundamentalmente rígidas en estándares “abiertos” y reglas “orientadas hacia el resultado”. Si queremos un Estado moderno tenemos que transformar nuestras estructuras jurídicas en soportes dinámicos del nuevo desarrollo social y económico.
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