La W, (24/05/2021) que hace constante periodismo investigativo, denunció una feria de contratos en la Defensoría del Pueblo. El número de contratos adjudicados en 2 meses fue de 648, todo un récord para una persona que no tiene idea de contratación especializada, como es la contratación estatal, y que exige además una serie de requisitos formales de los que todos los servidores públicos se quejan por entrabar la función administrativa e impedir el éxito de la gestión. Además la cifra total de los contratos ascendió a más de $34.000 millones de pesos, que hubieran servido para dar almuerzo a los habitantes de calle de todo Colombia, o pagar matrículas de jóvenes en pobreza extrema, o aportar a los planes de salud y vivienda de personas sin techo. Pero no, parece que allí en la Defensoría el dinero público no es para satisfacer intereses generales sino para pagar favores políticos. No se tiene en cuenta que la Corte constitucional ha dicho que “mientras en el contrato público el fin principal y primordial es la defensa del interés general, en el contrato privado, cuya relevancia es individual, los fines son esencialmente lucrativos y la concreción de los intereses particulares de los contratantes.” Por otra parte el artículo 209 de la Carta señala los principios de la función administrativa y resalta, la moralidad, la imparcialidad y la publicidad, entre otros. Tales mandatos deberían llevar a los servidores públicos a abstenerse de regalar el dinero público como si fuera la caja menor de un partido, o de una persona, o de un funcionario agradecido con sus nominadores.
Asombra, eso sí que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía no abran investigaciones de oficio, con base en el informe de un medio de comunicación serio, cuando tales informaciones en muchos casos han sido tomadas como pruebas en procesos judiciales. Uno supone que en tales dependencias no hay autoridad moral para procesar a un servidor que abusa de su poder y desvía los recursos del Estado, para satisfacer intereses particulares, como en este caso, pues en esas dependencias al parecer está ocurriendo lo mismo, es decir, están repartiendo contratos y haciendo nombramientos no por méritos sino para pagar favores políticos. ¿O es que ser yerno de una senadora y pariente de otros lo protege con tal inmunidad como para salvaguardarlo de todos sus desmanes? No encaja esa conducta en el uso indebido de dineros públicos, o en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales si los contratistas no entregan los resultados del trabajo contratado, y se liquida el contrato sin verificar el cumplimiento del mismo? ¿Y si dichos contratos no respetaron el principio de planeación que la misma Procuraduría ha cuestionado a otros exservidores en épocas recientes?
También el Consejo de Estado ha dicho que “la contratación administrativa no es, ni puede ser, una aventura, ni un procedimiento emanado de un poder discrecional, sino, por el contrario, es un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos”. En una de sus mejores sentencias en defensa del interés general la Corte constitucional afirmó: “Cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades colectivas. La celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese principio. A veces la relación con el interés público es inmediata, en tanto que en otras ocasiones la relación es apenas indirecta. Sin embargo, el hecho de la celebración del acto jurídico por parte del Estado implica la presencia del interés público. Por ello, no existe razón para no predicar de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios y postulados” (C-207/2019) ¿Los órganos de control y la Fiscalía habrán oído que los jóvenes en las calles lanzan sonoros gritos contra la corrupción? ¿La propia Contraloría General de la República no ha dicho que cada año se pierden por corrupción $50 billones? Entonces, ¿cómo seguiremos el avance hacia el desarrollo económico y social con el lastre de la corrupción? Los colombianos solamente pedimos que se investigue rápidamente toda denuncia y se nos diga la verdad.
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