Es inaudito que en medio de la crisis social los dirigentes políticos salgan a decir que hay que salvar la institucionalidad y que por ello debe respaldarse al Presidente de la República. Es una evidente contradicción que quienes han votado en los últimos 30 años reformas constitucionales y leyes en contra el pueblo hoy vengan a decir que debe salvarse la institucionalidad. ¿A qué se referían? A los puestos que tienen en el gobierno? ¿O a los puestos que no les han dado?; porque quedan todavía muchas vacantes en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Registraduría, y en el Defensoría del Pueblo que hoy son los mayores focos del clientelismo nacional. La institucionalidad para los políticos son los puestos que detentan y que se pagan con el tesoro público, con la plata de todos, cargos con los cuales mantienen el poder en las calles. Al que apoya a determinado candidato le dan puestos o contratos a los que no tiene apoyo de un concejal, diputado, o Congresista no se le da nada.
Pero la furia popular que se ve en las noticias no es parte de la institucionalidad, porque esa juventud que arriesga su vida para reclamar sus derechos ha sido excluida y menospreciada por todos los que ocupan cargos de elección popular. Los que están en el poder solamente les ayudan a quienes han votado por ellos y si un joven no va a las reuniones o festejos políticos está por fuera de esos combos. Los políticos deben cambiar, deben adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Los jóvenes de hoy son diferentes a los de ayer y están más compenetrados con los avances científicos y tecnológicos que los dirigentes que detentan el poder. Mientras los gobernantes se aferran a sus privilegios, o sea a lo que les da la institucionalidad, los jóvenes viven aceleradamente sus estudios, sus aprendizajes cotidianos y se ajustan al ritmo vertiginoso de la sociedad. Mientras los detentadores del poder son lentos, para pensar y tomar decisiones, los jóvenes se mueven rápido para lograr sus objetivos en la vida. Pero lo que están viendo en la cotidianidad es que se están burlando de ellos y que el Estado como utopía no responde a sus reclamos. A ellos, por tanto, no les importa la institucionalidad, van camino a la anomia.
El inmovilismo de nuestras sociedades solamente se ha roto mediante transformaciones repentinas, o cambios políticos drásticos. Lo estamos viendo en Chile, ejemplo para muchos de avances sociales, pero incapaz de responder a todas las demandas de sus ciudadanos. Por eso el derecho y la legalidad tienen que cambiar, para adaptarse a lo que el pueblo está pidiendo, que es más trabajo y menos privilegios, más meritocracia y menos politiquería, más educación y menos delincuencia, más salud y menos negocios, más empresas y menos informalidad. Por estas calendas los políticos están pensando en sus reelecciones el próximo año. Por eso todas las grandes dependencias del Estado se están llenando de nombramientos provisionales, encargos, contratos de prestación de servicios, mientras las nóminas quedan repletas y sus titulares sin funciones. Basta ver las páginas de los Ministerios y demás altas dependencias del Estado, los valores que se asignan y los objetos que se contratan que dejan perplejo a cualquier analista. El pueblo en la calle está desarmado, por tanto no es insurrecto. Luego, la respuesta armada es una provocación, que traerá más incertidumbre y menos paz. Señores políticos hagan lo correcto y cambien sus intereses personales por los intereses populares. Esa es la patria que todos queremos.
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