El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, radicó en el Congreso el pasado 27 de abril un proyecto donde pide aumentar en 0.5% los aportes de las alcaldías y gobernaciones a los entes de control territorial, para su fortalecimiento. Algo que costaría anualmente unos $250 mil millones y que sería para más burocracia en los territorios. Por su parte la Procuradora General de la Nación pidió que se le aumentara en casi 300 empleados la planta para procesar a los funcionarios de elección popular, en cumplimiento de una sentencia de la CIDH. Algunos de ellos con la calidad de jueces. En el caso de la Contraloría nunca se habló de aumentar el número de cargos en el proceso de escogencia. Pero sí de la independencia técnica del puesto. Hoy vemos que el alto funcionario no cumplió con nada de lo que dijo antes de ser elegido. Y que está aliado con sus nominadores para mejorar sus participaciones burocráticas antes de las elecciones del 2022.
Por su parte la Procuraduría en el proyecto presentado al Congreso para sancionar servidores elegidos popularmente, no está cumpliendo los lineamientos de la CIDH en fallo a favor del exalcalde de Bogotá y hoy Senador Gustavo Petro, por lo cual la ley que se expida podría ser inconstitucional, porque los tratados y convenios ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad (Art. 93 CP). En efecto, la CIDH sobre el tema dijo: “La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción… El Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores.” La Procuraduría por ley no puede ser investida con el carácter de Juez, porque ello requeriría una reforma constitucional.
Las 4 dependencias nacionales mencionadas en el título de este escrito, con el apoyo del gobierno y del Congreso, están desconociendo las metas de transformación, desburocratización, modernización, simplificación administrativa y reducción de cargas innecesarias al administrado, pero en particular, la introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al ámbito de la Administración pública, a través de los expedientes electrónicos, trámites a distancia, notificaciones electrónicas, entre otros tantos instrumentos. La pandemia nos ha puesto en evidencia sobre la necesidad de construir una Administración pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados. En el llamado “gobierno abierto”, subyace la idea de abrir al público, en forma libre y gratuita, los datos, sumado a mecanismos de participación y a la incorporación de sectores no gubernamentales. Toma protagonismo el desarrollo tecnológico que contribuye a crear nuevas formas de relación y de gobernar.
El “gobierno electrónico” constituye un nuevo paradigma tecnológico que permite a los poderes públicos: a) proveer más y mejores prestaciones a los ciudadanos; b) brindar puntos de acceso unificados y sencillos para satisfacer múltiples necesidades informativas y de servicios; c) adicionar productividad, calidad y valor a los servicios, atención a medida de los requerimientos de cada usuario; d) resolver trámites, consultas, reclamos, sugerencias en línea; e) subir la participación ciudadana; f) aumentar la calidad y reducir el costo de las transacciones dentro del Estado en dinero y tiempo; g) aumentar la transparencia de la gestión pública, entre otros resultados. Los servicios de TIC deben ser agrupados en una sola área, con la limitante de que no haya otras áreas dentro de las instituciones que realicen dichas actividades, salvo precisas excepciones. La burocratización solamente genera problemas laborales de envergadura porque en caso de supresión de cargos el Estado debe indemnizar a los trabajadores despedidos, más los costos de la seguridad social hacia el futuro.
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