Según Aristóteles lo que distingue entre sí la democracia de la oligarquía es la pobreza y la riqueza. Inevitablemente, pues, donde quiera se gobierne por riqueza, sean pocos o muchos, ésta es una oligarquía y donde quiera gobiernen los pobres, democracia. Colombia formalmente es una democracia, pero realmente es gobernada por las clases más ricas, por lo cual es una oligarquía. Nadie llega al Congreso sin aportar $2.000 o $5.000 millones de pesos, pues los partidos no se contentan con recaudar la devolución que hace el Estado por los votos depositados sino que quieren tener las arcas llenas. Y para conseguir esas sumas para una campaña es necesario ser oligarca. Por eso las leyes las expiden los ricos del país a favor de ellos mismos y de sus empresas. Por tanto, la nueva reforma tributaria debería empezar por el aporte impositivo que deben hacer los Congresistas, el Presidente, sus Ministros, Gobernadores y Alcaldes, y demás altos funcionarios del Estado. Llámense “altos funcionarios” a quienes devengan más de $20.000. 000.oo mensuales, incluidas las prestaciones sociales que son un ahorro para el retiro. De esa manera comenzamos bien. Después mejoramos unos puntos porcentuales la tributación de las 1.200 grandes empresas y, finalmente, acabamos con la exenciones que no están destinadas al crecimiento económico del país ni a la generación de empleo. Y así conseguimos más de $100 billones. No hay, por tanto, necesidad de tocar a los que ya tributan, ni a las pymes, ni a los profesionales independientes, ni a los jubilados, ni mover el IVA de los niveles actuales. Esa sería una reforma tributaria máximo de 10 artículos, para reemplazar el esperpento presentado por el Gobierno Duque.
Pero veamos cuál es la realidad: Los altos funcionarios, ya definidos, no se quieren dejar quitar lo que ganan. No olvidemos que las llamadas “mega pensiones” solamente las reciben quienes han vivido toda su existencia de la política o de la lagartería burocrática, no de los méritos. Por tanto han logrado devengar salarios excesivos. Por otro lado sus privilegios han sido el fruto de negociaciones con el poder existente y han mantenido sus privilegios asistiendo a los cocteles de Palacio. El gran derroche que vivimos en el Estado moderno lo debemos al traslado de privilegios imperiales a pequeñas Repúblicas que apenas si logran mantener el nivel de vida de sus habitantes. Recordemos que Alfredo Vásquez Carrizosa en su libro “El poder presidencial en Colombia” escribió: “Al implantarse el régimen de 1858, estos debían limitarse a administrar exiguas partidas que, en conjunto, no llegaban a dos millones de pesos”. Después señala las rentas por Estados. Luego cita al Periódico el Tiempo de 22 de junio de 1858, donde se afirma que esas sumas se destinaban con el fin “de repartir sueldos entre empleados de covachuela”. Esa grave situación y la de ahora se puede comparar con el despilfarro burocrático de Procuradurías, Contralorías, Fiscalía, altas Cortes y Rama ejecutiva del poder público protegida por guardaespaldas sin fin, vehículos blindados, celulares, viajes al exterior y otras gabelas no soñadas para el común de los habitantes. ¿Está dando el establecimiento ejemplo de ahorro y austeridad? ¿Debe el pueblo seguirse sacrificando por la oligarquía que gobierna a Colombia, según las precisiones de Aristóteles?
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