Por estos días la BBC news, puso a circular la siguiente historia referente a la peste romana del siglo XVII: “Aunque la ciencia descubrió la bacteria causante de la peste en 1894 —gracias al bacteriólogo Alexandre Yersin—, el sumo pontífice Alejandro VII decretó medidas sanitarias entre ellas un confinamiento que, según investigadores, contribuyeron a que la letalidad en Roma fuera mucho menor que en otros lugares afectados por la misma epidemia. Según un estudio del historiador italiano Luca Topi, profesor de la Universidad de Roma La Sapienza, entre 1656 y 1657 la peste mató al 55% de la población de Cerdeña, al 50% de los habitantes de Nápoles y al 60% de los residentes de Génova. En Roma, en cambio, murieron 9.500 personas de un total de 120.000, menos del 8%. Estos datos fueron publicados en una revista científica italiana en 2017.”
Hoy nos enfrentamos a similares problemas: ciencia y política, economía y vida. La disyuntiva no es menor, pero es más fácil superar los problemas económicos con buenos programas de gobierno hacia el futuro, que la muerte de nuestros seres amados. ¿Nos devolverá la economía a nuestros hermanos, padres, hijos, nietos y amigos a quienes el virus de Covid19 se llevó? Pues bien, las informaciones sobre el manejo de la pandemia en américa latina cuentan que los países que mejor han manejado el problema son México, Brasil y Uruguay. El caso de Brasil es atípico, pues su Presidente es negacionista de la existencia y letalidad del covid.
Colombia no ha hecho caso a los científicos, en cambio, todos los días tenemos un programa televisivo de un abogado que teniendo toda la autoridad para tomar decisiones se limita a eludir el problema. Hay que dejar a los técnicos para que hagan lo suyo. Jamás puede haber conflicto entre economía y vida, porque el primer derecho humano es la existencia. Aparece como primero en la escala de todos los derechos fundamentales tanto que nuestra Corte Constitucional ha dicho: “El derecho fundamental a la vida, cuya existencia se limita a constatar la Carta Política, es el más valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la especie humana, y el sustrato ontológico de la existencia de los restantes derechos. El derecho a la vida en el ordenamiento jurídico constitucional constituye indudablemente el reconocimiento y la efectividad de un valor esencial como es la vida humana (Preámbulo y artículos 2° y 11). (C-133/94).
Lo que nos muestra la televisión nacional e internacional es el grito continuado de los científicos clamando por medidas más fuertes para salvar la vida. La economía viene por añadidura. Tan grave es el problema que ya existen comités científicos para decidir quién vive y quién muere por la laxitud de los gobernantes para escoger entre la vida y la economía. A muchos gobiernos poco les importa la vida, pues en medio de la crisis que vivimos piensan primero en una reforma tributaria que en la existencia de quienes enfrentan y enfrentarán la urgencia de una cama UCI. No creo que los pueblos gobernados de ese modo tengan mucho futuro. En cambio la historia sí enseña que un confinamiento fuerte salva vidas y, posteriormente, nos dedicaremos a salvar la economía. Hemos perdido más de 70.000 compatriotas. ¿No dirá eso mucho de quienes nos gobiernan? ¿O ya habremos tocado fondo en temas como la solidaridad humana? La pregunta hoy es si esas vidas se hubieran podido salvar con mejores decisiones, no políticas, ni económicas, sino científicas.
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