La muerte causada por las actividades políticas y sociales debería desaparecer de la faz de la tierra. No obstante hay que reconocer que existen otras causas de muerte repudiables como la violencia intrafamiliar y el homicidio como consecuencia del hurto agravado o el asesinato en las guerras religiosas, territoriales o ideológicas. Colombia padece la desgracia de que quienes ejercen liderazgo democrático son perseguidos por sicarios o enemigos personales para desocupar esos espacios a nuevos dirigentes. El sueño de una parte de los colombianos era que al firmar los acuerdos de paz con las antiguas Farc cesara ese tipo de violencia. Pero, por el contrario, las cifras que deja el postconflicto son alarmantes: aproximadamente 1394 líderes sociales han sido asesinados entre 2016 y 2021, según datos de la Defensoría del Pueblo y de la ONG Indepaz.
Un líder social es una persona cercana a la comunidad, que dedica parte de su tiempo a servir a los demás. Unas veces pidiendo el mejoramiento de vías, o exigiendo vivienda digna, puestos de salud, escuelas para sus hijos; en otras oportunidades, asumiendo causas de alto riesgo como enfrentar el narcotráfico o la minería ilegal o las arbitrariedades del gobierno. Por ese trabajo el líder no cobra nada, allí prima su vocación y la voluntad de reafirmar los principios democráticos. La Corte Constitucional ha expresado: “La Constitución Política contempla la vida como un valor esencial, el cual debe ser defendido por las autoridades públicas y los particulares. Asimismo, los artículos 2° y 11 superiores estipulan que las “autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia”, por tratarse de un derecho de carácter fundamental e inviolable. El deber de protección de la vida incluido en la Constitución se encuentra respaldado por diferentes tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano. Sobre el particular la Corte manifestó “En ellos se instituyó, como mandato superior, de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del Estado, sin excepción, -en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales-, la realización de actividades, en el ámbito de sus funciones, tendientes a lograr las condiciones para la pervivencia (sic) y el desarrollo efectivo de la vida de los ciudadanos”. Por ello, el compromiso de defender la vida como bien constitucionalmente protegido, es un deber indispensable para las autoridades públicas que se encuentra primordialmente en cabeza del Estado. (T-473/18)
Los líderes ejercen sobre la población que está bajo su influencia unas competencias personales como el trabajo en equipo, la gestión de los conflictos locales, una visión positiva en medio de la incertidumbre por el incumplimiento de las promesas contenidas en unos planes de desarrollo mentirosos que no se cumplen ni en el 40% de lo ofrecido. Acabar con los líderes de las comunidades es destruir el entramado democrático local. Por eso las acciones estatales deben ser contundentes, dejando los escritorios para resolver las necesidades sociales in situ, llevando soluciones que se reclaman a gritos desde la época de la colonia. Y si bien hemos mejorado, hay que acabar con la corrupción para que alcancen los recursos del tesoro público a fin de transformar esta pobreza en la riqueza de la nueva sociedad que todos anhelamos. Además, porque es un reto superar nuestra ascendente tristeza, pues según la ONU, Colombia es un país cada vez más infeliz.
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