Democracia plena.

Close-up of African man holding ballot and giving his voice during voting

La Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’, la división de investigación y análisis de The Economist Group, ha evaluado desde hace más de una década el estado de la democracia en más de 100 países. La región disminuyó su puntaje promedio por quinto año consecutivo. El informe clasifica sólo a tres países de la zona (Chile, Costa Rica y Uruguay) como democracias plenas. ¿No es muy poco? Pero así estamos en Latinoamérica. Todo porque si bien es cierto las Constituciones de los países dejan el sello de características liberales, en el sentido de defensa de las libertades fundamentales del ser humano, en el fondo todas las instituciones creadas para hacer que el Estado funcione son una utopía.

Heródoto al explicar la formas de gobierno dijo: “mi opinión es que renunciemos a la monarquía y que entreguemos el poder al pueblo, porque es el número lo que importa”. Pero las clases dirigentes buscan atajos para que se imponga la riqueza (comprando votos), las familias (creando una especie de herencia en el manejo del poder), los contratistas (tejiendo redes de corrupción) y la violencia (amedrentando a quienes no se someten). Y cuando les falta algo por hacer, se adueñan de la justicia para dictar sentencias según la voluntad de los poderosos. Los derechos humanos no son sino la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es precisamente permitir y garantizar su respeto. La democracia, por tanto, es el ámbito en el que pueden desarrollarse las relaciones políticas de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad.

En Colombia presentamos con orgullo la Carta Política de 1991 como soporte de nuestra democracia, pero se trata de un texto inestable, modificado al capricho de intereses particulares y no por el consenso público. Aquí hemos delegado la reformas en el Congreso y desde esa rama del poder se encargan de que nada funcione en términos democráticos. Baste decir que muchos textos jurídicos son aprobados por grupos de presión que tienen una representación clave en el Congreso y que manipulan cada ley para introducir una “trampa” o un articulito, incluso un orangután, que deja en las manos de los más perversos, poderes que deberían manejarse con publicidad, transparencia y estándares éticos aceptados por toda la sociedad. Pericles, otro grande de la antigüedad lo describió de manera ejemplar: “No nos estorbamos en los asuntos privados y respetamos la ley en los públicos”. Ninguna sorpresa puede causarnos, entonces, que Aristóteles haya dicho: “los que tienen en su poder las armas tienen también en su poder la permanencia o no permanencia del régimen”. Conclusión: si la fuerza pública se corrompe o permanece bajo el mando de gente deshonesta la democracia está perdida. Empecemos por allí.

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