Si el Estado no se reduce a su mínima expresión jamás alcanzará el dinero. Si los gobernantes no dejan de pensar en obras faraónicas para satisfacer su propia soberbia, jamás alcanzará el dinero. Empecemos por ser coherentes: la Corte Constitucional por medio de decenas de sentencias ha fijado el valor máximo de las pensiones de jubilación en 25 salarios mínimos legales mensuales. Así quedó escrito en el artículo 1º del acto legislativo 1 del 2005, parágrafo 1º. Suponen los sabios legisladores que con ese dinero cualquiera puede sobrevivir dignamente. Entonces, empecemos por fijar de la misma manera que nadie en el sector público puede recibir más de 25 salarios mínimos legales mensuales, toda vez que la cantidad de gabelas de los servidores activos son a veces superiores al sueldo que devengan teniendo en cuenta los beneficios que se les dan. Tienen oficinas gratuitas, secretarias, asistentes, asesores, carros blindados, seguridad personal sin costo, seguros, comida en las oficinas, gastos de representación, becas para los hijos, clubes pagados por el Estado, celulares, internet, tiquetes aéreos con descuentos y otros beneficios que solamente a ellos se les facilitan manejando el presupuesto público.
Después sigamos eliminando cargos inútiles creados solamente para pagar favores políticos. Luego eliminemos los contratos de prestación de servicios que no se ajusten a una necesidad concreta de la administración y donde el beneficiario de millones de pesos ni siquiera presenta un informe sobre su gestión, cosa de la que no parecen darse cuenta ni la Procuraduría ni las Contralorías. Eliminen todo lo que el servidor público puede pagar con sus propios ingresos, como el vehículo, los celulares (la mayoría usados para relaciones personales y no institucionales), los computadores de lujo, el internet ilimitado, etc. Allí harían un ahorro grande en gastos de funcionamiento. A renglón seguido prohíban mediante ley que se inicien obras nuevas mientras no se terminen todas las que deja iniciadas el Presidente saliente, los gobernadores y alcaldes. Y una vez se verifique por parte de los órganos de control y las veedurías que todas las obras están ejecutadas, se pueda dar vía libre al nuevo plan de desarrollo, nacional, departamental o local.
Y ahora sí, acaben con las exenciones tributarias concedidas por gobiernos politiqueros para dar gusto a sus aliados de siempre. Y hagamos que las reglas tributarias sean equitativas y justas. Que cada cual pague de acuerdo a sus ingresos, teniendo en cuenta el nivel de vida de cada quien, las personas a cargo y los gastos inherentes para su propia producción. De acuerdo con las fuentes del Ministerio de hacienda y la DIAN en agosto de 2020 las exenciones tributarias suman 92 billones de pesos al año. Hay que revisar esos números y eliminar las exenciones en tres años, mientras cada sector económico se acomoda. Finalmente eliminemos de un tajo la corrupción, donde se pierden otros 50 billones anuales. Y todos quedamos muy contentos. Listos para diseñar un futuro mejor para las nuevas generaciones. ¿O no?
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