SALVAR LA EDUCACION, SÍ O SÍ

Group of students walking in college campus after classes, back view

El gobierno tiene la obligación moral de salvar la educación pública y privada, sea como sea. Hay que cortarle las alas a la corrupción y evitar que esos recursos que se pierden en manos de la clase política y muchos contratistas particulares sigan saliendo del tesoro público a engrosar capitales privados, que solamente sirven para despilfarro en bienes suntuarios y viajes de placer. El derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación tienen que prevalecer, tomando decisiones de fondo, no con normas que como las palabras se las lleva el viento sino con acciones contundentes, evitando que la corrupción se salga con la suya.

La noticia dolorosa es que el 37% de los estudiantes que en 2020 y 2021 deberían estar en las aulas universitarias no podrán hacerlo porque sus padres perdieron los empleos y no tienen cómo pagar las sumas de dinero que les demandan los semestres de la programación académica. Y esa situación causa mucha tristeza, no solamente por ellos sino por el atraso que va a experimentar el avance científico en el país, todo porque los recursos no alcanzan debido a que un 15% de las contrataciones que se hacen en Colombia se van por la alcantarilla de la inmoralidad, lo que representa un porcentaje importante del PIB. Hay que empezar por proteger a los denunciantes de la corrupción en el país, para que la Fiscalía tenga elementos de juicio que muchas personas podrían poner en sus manos para iniciar investigaciones, condenar y recuperar dineros que gran parte de la opinión pública sabe que son producto de la corrupción. La norma existe.

Otro mecanismo importante es acabar con el porcentaje mayoritario de la contratación directa y usar las licitaciones públicas de conformidad con los planes de contratación de las entidades tanto nacionales como del nivel territorial. Es claro que le artículo 24 de la ley 80 de 1993 con sus reformas, establecen que la “escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública”. Los demás modos de escogencia son excepcionales. ¿Por qué el mayor porcentaje de los contratos se adjudica mediante contratación directa? ¿Qué pasa con la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que son los órganos responsables de corregir esas infamias, y hacer que se cumpla el artículo 209 de la Constitución, el artículo 23 de la ley 80 y los demás principios que regulan la actuación administrativa y contractual? ¿Será que es imposible mediante una simple comparación numérica conocer cuanto contratos celebra un entidad y que expliquen por qué no aplican la regla general que es la licitación y se van por otras modalidades de contratación que son excepcionales? ¿Realmente sirven para algo el Secop I y el Secop II, promocionados como instrumentos de lucha contra los corruptos? ¿Y la tecnología sirve en esos organismos de control para hacer comparaciones rápidas de precios de mercado y verificar los pagos irregulares a los contratistas con actas de trabajos que nunca se realizaron? La norma está vigente

El mejor mecanismo es iniciar la búsqueda de la corrupción investigando cuántos contratos por sí o por interpuesta persona tienen los que aportaron a las campañas políticas, para presidente, Congreso Asambleas y Concejos. Y otra forma es hacer un barrido a las bases de datos para saber cuántos parientes o recomendados tiene los políticos en la administración en áreas decisorias para la contratación en todos los niveles. Y lo más fácil, hacerle seguimiento al dinero de los corruptos, en compras de inmuebles, inversiones, gastos suntuarios etc. Hay muchas denuncias anónimas que no se investigan, pero si se hiciera un buen programa metodológico darían con los documentos falsos, los testaferros y el efectivo que se gasta por parte de quienes se enriquecen con las trampas de la contratación. Son más de $100 billones del tesoro público que se gastan en contratos en Colombia. De esa suma hay $15 billones que pueden ser objeto de corruptelas. Podrían destinarse a la educación y a la salud de los colombianos gracias a las acciones serias de los organismos de control.

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