Se está discutiendo sobre las cláusulas y los contratos de confidencialidad tratándose de la compra de las vacunas para combatir la pandemia por covid19. Si bien es cierto dichos instrumentos de protección del secreto empresarial son válidos, deberíamos estudiar un poco la situación frente a normas constitucionales colombianas que consagran el derecho a la vida (Art. 11), el derecho a la seguridad social integral y al servicio de salud (Arts. 48 y 49) , de acceso a la administración de justicia (Art. 229), al debido proceso (Art. 29), las limitaciones del derecho a la propiedad privada (art. 58) y del ejercicio de la actividad económica y la iniciativa privada “dentro de los límites del bien común” (Art. 333). En el artículo 209 de la Carta Política está escrito que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales”. Y uno de sus principios es el de publicidad. En la contratación se denomina transparencia que se refiere a la evidente necesidad de que todo el proceso de selección del contratista se haga de manera pública, y que cualquier persona interesada pueda obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso. Hay normas internacionales aplicables en Colombia que señalan los elementos del secreto empresarial, porque no toda información puede calificarse así. Para definirlo está la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene suficiente jurisprudencia sobre el tema.
Ahora bien, si como dicen las autoridades, si no incluyen en los contratos de compra cláusulas de confidencialidad las farmacéuticas no nos venden la vacuna, tenemos otras opciones, como son los procedimientos que ya han aplicado los especialistas colombianos para recuperar a más de la mitad de los contagiados con covid19. (1.890.000 contagiados, 1.710.000 recuperados, 48.256 muertos). Si el sistema de salud ha salvados tantas vidas, de allí debe derivarse un medicamento salvador que sea equivalente a la vacuna, con lo cual no necesitamos humillarnos a las farmacéuticas, que quieren imponernos condiciones para negociar, cuando también tenemos el instrumento COVAX, liderado por la OMS que garantizaría “el acceso equitativo mundial a una vacuna, con la que se protegerá especialmente a los trabajadores de la salud y a las personas que corren un mayor riesgo, es la única forma de mitigar las repercusiones de la pandemia en la salud pública y la economía”.
Colombia y sus autoridades les están facilitando el juego a las farmacéuticas, que pretenden ganar miles de millones de dólares, con los países más desesperados. “No por mucho madrugar amanece más temprano”. Es el momento de que los jueces intervengan y detengan ese efusivo fervor de las autoridades por contratar directamente, mediante el secretismo de Estado que seguramente busca que nadie se entere del contenido de los contratos, del valor de los mismos y de la forma de pago, lo que puede llevarnos a un etapa de corrupción sin precedentes en el país. Las clausulas de confidencialidad valen sobre patentes e invenciones y procedimientos de producción. Y nadie les está violando ese derecho a las farmacéuticas, pero conocer los contratos y su desarrollo como la entrega oportuna, la forma de distribución, el costo final y las garantías de efectividad de las vacunas no pueden ser objeto de ese tipo de secreto empresarial. ¿Si una persona muere o queda con secuelas responden las farmacéuticas o el gobierno colombiano? ¿Tendrán las familias que renunciar a demandar al Estado? ¿Harán firmar un documento antes de la vacunación para renunciar al derecho a demandar si hay secuelas, como las que los medios han publicado? ¿quién pagará por las consecuencias cardíacas, neuronales, pulmonares y musculares de los pacientes vacunados que tengan consecuencias médicas por esa causa? Seguramente por eso quieren confidencialidad, para después sacar a la luz en los procesos judiciales los contratos donde los enfermos y sus familias asumen los riesgos y los que se enriquecieron con la vacuna a disfrutar de sus jugosas ganancias. ¿Será justo ese trato, con tantas normas constitucionales y legales que nos amparan en un Estado social de derecho?
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