En la región, Colombia registra uno de los porcentajes más alto de ciudadanos (94% de encuestados según diferentes mediciones) que consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves del país. Por su parte, el 57% de los encuestados cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. Esta percepción es mayor entre los jóvenes, es decir, personas entre 18 y 35 años (66%). En la percepción de las instituciones destacan por los altos índices los miembros del Congreso (64%), el Presidente y funcionarios cercanos (55%), y los empleados públicos (48%.) Preocupa el aumento de corrupción entre los Jueces y Magistrados con percepción ciudadana desfavorable para la justicia del 81% a diciembre de 2020. En Colombia el 78% de los encuestados sostiene que si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias.
El caso más emblemático en el país es el llamado “cartel de la toga” que involucra a exmagistrados de la Corte Suprema de justicia, investigación que aún no termina, gracias a la morosidad de quienes tienen a su cargo ese delicado tema. En la Corte Constitucional se han adelantado investigaciones por el reparto de las tutelas, procedimiento que es más rápido y con menor carga probatoria, que también vinculó a un exmagistrado de esa corporación y a funcionarios de menor nivel. En el Consejo de Estado se ha denunciado el tráfico de influencias pagado con contratos y nombramientos.
Por el lado de la Fiscalía General de la Nación fue condenado un exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción y han resultado salpicados otros servidores de la Dirección de Extinción de dominio. También se ha criticado la notoria politización del ente de acusación, los vínculos con el paramilitarismo y la exoneración de algunos vinculados con el “cartel de la contratación”, que sirvió para lavar ingresos del narcotráfico. Colombia fue el único país donde no se profundizó la investigación de los sobornos de Odebrecht. Aquí solo se apresaron mandos medios con bajas condenas. Los ciudadanos participaron en un referendo anticorrupción que salió derrotado por falta de actualización del censo electoral, y en el Congreso ha sido imposible que los temas relacionados con una política de fondo contra ese flagelo sean aprobados. No es de extrañar, entonces, que haya en la sociedad un grito de alarma para que se combata la corrupción y se retiren del manejo de los negocios del Estado todos los involucrados o quienes tengan investigaciones pendientes por esos casos.
Se el primero en Comentar