El índice, divulgado por la página web U.S. News, recopiló información de corrupción con expertos y empresarios, dejando al país en el primer lugar. El estudio recogió la opinión de más de 20.000 personas. Los encuestados respondieron qué tanto relacionaban a los países nombrados en el ranking con el término “corrupto”, algo que quedaba sujeto “a la propia interpretación de las personas”. Es inaceptable que nuestra clase dirigente no cumpla con sus deberes éticos, cuando maneja la plata pública o privada. Porque la corrupción está en todos lados. Deberíamos hacer una ley de punto final, como se hace en casos de guerra y genocidios, para que, en adelante, quien sea sorprendido en actos de corrupción pierda todos los bienes atesorados, y, también se le impida ocupar cargos de dirección en empresas públicas y privadas. Ese estigma llevaría a muchos a cambiar sus comportamientos, que hoy alegremente los llevan a tomar los caminos de la deshonestidad. Lo peor es que el deshonesto nunca está lleno, ni se satisface con lo que tiene, por el contrario, quiere más y más y más.
Poco importa en qué lugar estemos, lo peor es que las nuevas generaciones van a absorber como esponjas ese mal ejemplo y la sociedad nunca cambiará. Pero si hay un castigo ejemplar, los corruptos lo pensarán dos veces antes de ejecutar cualquier acción en contra de la moral o de las leyes. Y el castigo debe llegar de manera temprana, no importando el nivel en que se encuentre el violador de las normas del decoro. Incluso en las profesiones deberían existir tribunales independientes que castiguen a quien quebrante las disposiciones de la decencia que, a veces, son normas que no están escritas pero que aterran a la sociedad, porque en ella, en general, sí se cultivan las buenas maneras.
Hay que poner requisitos morales a los altos cargos de Estado, empezando por las cortes de justicia y por los organismos de control. A esas posiciones deben llegar solamente quienes no tengan mancha alguna, o impedimento por su recorrido en el sector público o privado. Y quienes hagan política deben ser incuestionables, que no puedan ser tildados por nadie de posibles delitos o maniobras en contra de las normas que protegen los principios democráticos. Es increíble que a altos cargos de la Nación lleguen personas con 10,15 o 20 investigaciones pendientes. Es cierto que no las han condenado, pero el cuestionamiento público debería ser suficiente para quitar de una posición de responsabilidad a cualquier servidor o impedirle que llegue a ella.
Cuando decimos “la voz del pueblo es la voz de Dios”, no podemos hacerlo por simple retórica, sino porque tenemos la convicción de que los malos no deben estar en el poder. Y eso tampoco implica que las minorías no puedan opinar y hacerse oír con sus protestas, porque de allí también sale la verdad. Y el concepto Dios no debe entenderse solamente como una expresión religiosa sino como un poder inmanente, que procede de la recta razón. Eliminemos la corrupción de la sociedad con base en leyes que estimulen la virtud y en jueces insobornables, rectos y transparentes, que todos admiremos y respetemos porque sus hechos de vida y sus decisiones, siempre dejan tranquilos a todos y a ninguno descontento.
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