El mundo moderno es paradigma de normas legales, pero no de ética. Todo el que quiere llegar al Estado como servidor público presenta certificados de que no tiene inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, pero no se adjuntan constancias de los procesos que tiene pendientes en los organismos de control, en la Fiscalía o en otras instancias de investigación. Y una vez llegan al cargo público lo primero que hacen es empezar a defenderse privadamente apoyándose en el poder que ganaron con la nueva posición que le han ayudado a conseguir los amigos. Después reparten puestos y contratos para lograr absoluciones. No es ético, entonces, que quien tiene indagaciones de cualquier naturaleza sea postulado a elevadas posiciones, pues ello contradice el principio de moralidad que es norma constitucional (art. 209). No hay derecho a que con tantos ciudadanos honrados disponibles, se candidaticen a los puestos los que más procesos tienen pendientes por resolver, pero que disponen de unos votos amarrados.
LA TUTELA Y EL INCIDENTE DE DESACATO. Una de las insignias de la Constitución de 1991 es la tutela, que se distingue por su informalidad, celeridad y poca traba probatoria. Pero para muchos es rey de burlas. No obstante que la Constitución en el artículo 86 dice que la sentencia de tutela es de cumplimiento inmediato, los servidores públicos y particulares afectados con tales decisiones no las cumplen y al impugnar creen que ese mecanismo los protege de irrespetar las órdenes judiciales. La desobediencia a las tutelas, y más si son promovidas por el alto gobierno, es un desconocimiento de la división de poderes y del sometimiento a la Constitución de todos los colombianos y extranjeros. Si el gobierno desacata a los jueces, ¿quién los va a respetar? ¿No es eso invitar públicamente a los ciudadanos del común a hacer justicia por mano propia?
LOS IMPUESTOS DESPUES DE LA PANDEMIA. La Nación y las grandes ciudades capitales aprobaron presupuestos multimillonarios para la vigencia del 2021. El presupuesto público no está basado en estudios reales de ingresos sino en cálculos aproximados que hacen las autoridades teniendo en cuenta los ingresos de años anteriores. Es una afirmación irrefutable que la economía de todos los hogares y de la mayoría de las empresas está quebrada. Entonces, ¿de dónde van a sacar los ciudadanos recursos para pagar las tasas, las contribuciones y los impuestos de la vigencia 2021? Lo que se ve en los centros comerciales es que han disminuido en porcentajes importantes los costos de administración, igual se ha evidenciado en la propiedad horizontal. Y en la mayoría de las empresas los costos de los productos tienen ofertas considerables, con rebajas hasta del 50%. ¿Por qué los gastos del gobierno no bajan? ¿Por qué el gobierno se empeña en poner la soga al cuello a todos los habitantes del territorio? ¿No existen la piedad y la compasión en la administración pública? Definitivamente a nuestra clase política hay que cambiarla porque no reconoce los signos de los tiempos y no sabe lo que es una crisis.
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