La democracia en los pueblos antiguos no costaba mucho, porque las personas eran avisadas incluso por bando y altoparlantes sobre las medidas que se tomaban desde el gobierno nacional o desde las alcaldías locales. El sitio de reunión de los ciudadanos era la plaza principal o los parques. Pero en los casos de información a los barrios se usaba el perifoneo en carros alquilados o auxiliados por personas con megáfonos. Hoy tenemos una democracia sofisticada, con tecnologías de la información, con cubículos y mucha papelería. Cada elección regional vale casi un billón de pesos y la elección presidencial el doble. Pero lo más sorprendente es que el Estado paga solamente el 20% del valor que se reembolsa a los partidos y candidatos y el 80% restante son dineros que nadie publica como gastos de campaña.
El punto central entonces es la corrupción que se financia con plata privada o con reembolsos mediante contratos estatales, especialmente sacados de las grandes obras públicas que se construyen en la Nación, los departamentos y municipios. Si eliminamos la financiación privada, sería más fácil controlar a quienes se lucran de esa mañosa costumbre de “ayudar para cobrar luego”. El Estado podría crear un gran fondo publico donde se incluyan las donaciones de particulares. Además, podría pensarse que en las ciudades de más de 50 mil habitantes el voto fuera obligatorio. En los municipios pequeños la corrupción no controla el poder, porque en esas poblaciones todo el mundo se conoce y votan por la persona que más les sirva: el carnicero, el tendero, el médico, el exsacerdote, el finquero, que son personas cercanas al elector. Mientras en las grandes ciudades el voto hay que comprarlo, porque la gente se enseñó a que les paguen los servicios públicos, las matrículas, el transporte, y otras actividades personales a título de ayuda o subvención.
Las normas anti corrupción no desestimulan a los “ladrones de cuello blanco”, a menos que las penas y sanciones no tengan rebaja. En el caso de las contralorías es diferente, porque el que causa un perjuicio a la entidad pública debe reembolsar la totalidad del daño al patrimonio del Estado e, incluso, sus herederos pueden ser perseguidos, buscando los bienes que deja como herencia el causante. Mientras siga operando el actual sistema de financiación mixto no tendremos una verdadera democracia y serán los ricos, o sea el 7% de las personas públicas y privadas con mayores ingresos los que definan quienes serán nuestros gobernantes. Y lo peor es que las personas de la clase media serán quienes paguen los desfalcos a través de tasas, tarifas, peajes, impuestos y parafiscales.
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