Con base en lo ocurrido con el COVID-19 podemos afirmar que el Estado no puede hacerlo todo y que entregar el dinero público con la cara de subsidios estatales solamente sirve para generar la falsa creencia de que se está regalando el dinero de los contribuyentes. Ese supuesto acto de generosidad estatal permite a quienes abusan del poder, transmitir el mensaje de que son los gobernantes a título personal quienes ayudan a la comunidad y no dan claridad para entender que cada alcalde, gobernador y hasta el propio presidente, solo actúan como mandatarios de los colombianos o de quienes en las regiones viven y contribuyen con sus impuestos al crecimiento económico de la Nación y las entidades territoriales.
En Colombia no solamente se ha abusado de la contratación estatal, sino que, además, durante décadas se usaron los auxilios regionales para crear, sostener y capitalizar las actividades de las entidades privadas sin ánimo de lucro, que eran el soporte político de muchos candidatos y excluyentes familias que derrochan poder en todas las regiones colombianas. Por eso en la Constitución de 1991 se incluyó el artículo 355 que reguló la manera como deben operar las “entidades privadas sin ánimo de lucro”, que deben tener como característica sine qua non la “reconocida idoneidad”; y la razón de su existencia, en el caso particular de quienes desean acceder a recursos públicos, “es impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo”.
Dichas entidades, y otras que se crean sin tener en cuenta el acceso a recursos oficiales, podrían hacer parte de una gran estrategia de actividad social, en procura de garantizar la intervención de la sociedad civil en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, para crear programas de prevención en muchos frentes que el Estado no puede atender por lo costos burocráticos que acarrean este tipo de soluciones en manos del sector público. Frentes específicos como los efectos del cambio climático, la atención de habitantes de calle, migraciones por actos de violencia o situaciones políticas irresistibles de otros países, inundaciones, incendios, desplazamientos internos transitorios, protección de bosques rurales o urbanos, etc., podrían ser atendidos por estas instituciones si el gobierno tuviera herramientas de control e interventorías fuertes, para evitar que los recursos aportados por el Estado o por los asociados, sean desviados a fines personales o a actividades corruptas, para enriquecer a unos pocos.
Las entidades privadas sin ánimo de lucro, deben tener una competencia específica y no objetos tan disimiles como construir carreteras, atender la venta de comida escolar, vender equipos para hospitales, cuyas finalidades tan diferentes hacen dudar de su “reconocida idoneidad”, la que debe ser evaluada y calificada antes que se le entreguen recursos, bien públicos o privados. Si el gobierno nacional hubiera pensado en el potencial de estas entidades, habría acudido a ellas antes que pensar en otras soluciones para luchar contra el COVID-19. Vale más la prevención que la reacción como hemos tenido que actuar por estos tiempos.
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