Necesitamos una justicia más independiente y menos ligada a decisiones de carácter político. No basta con que digan que se eligen por concurso de méritos, se necesita que sus decisiones sean acordes con esa forma de vinculación y sin metas futuras de convertirse en políticos, apoyados por los partidos que actúan en la lucha por el poder. O que después aparezcan ligados por vínculos con gobiernos que nombran a sus familiares en jugosas posiciones de la burocracia. Ya van apareciendo decisiones que dan muestras de que la justicia quiere hacer respetar las normas constitucionales que desarrollaron el proceso de paz en el gobierno del Presidente Santos. En efecto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional emitió el Auto 1538 de 2026, a través del cual requiere al Gobierno nacional para que, en un término improrrogable de 30 días hábiles, presente una hoja de ruta integral, con metas verificables y asignación presupuestal precisa, orientada a cumplir los compromisos del Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). No se trata de un capricho sino de cumplir acertadamente el Artículo 22 de la Constitución que manda: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Si las normas constitucionales no se cumplen a rajatabla y mediante la interpretación judicial adecuada, seguiremos viviendo ciclos de violencia bastante más graves que los anteriores, y eso como consecuencia de la sofisticación de los Grupos Armados Organizados, que hoy pueden comprar armas muy letales para ganar cualquier guerra, contra cualquier Estado, por mucha “potencia militar” o política que expresen tener a su disposición. Ejemplos tenemos en todo el mundo. Los grupos armados organizados y bandas criminales en Colombia (como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo/AGC, y estructuras internacionales como el Tren de Aragua) tienen en su disposición un amplio arsenal de armas de fuego de corto y largo alcance, explosivos de uso privado de la Fuerza Pública y tecnología adaptada para la guerra, como drones.
Usan, además, granadas de fragmentación y de guerra utilizadas en ataques rápidos y hostigamientos. Tienen sistemas eléctricos y no eléctricos empleados para activar cargas de alto impacto. Y como si fuera poco disponen de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) fabricados con pólvora, metralla y contenedores plásticos, sembrados para frenar el avance de las tropas estatales. La única posibilidad de exterminarlos es usando los “bombardeos”, pero allí puede desbordarse el poder estatal y asesinar a menores de edad, secuestrados y personas inocentes que apoyan a esos delincuentes presionados por el miedo el dinero que mueven.
Hoy, más que nunca, necesitamos un poder militar organizado, técnico, que no dependa del “pantallazo” de un Presidente inexperto, que actúa como un bufón, histriónico, humorista y chistoso, que cree que la guerra es un tablero de ajedrez, para jugar piezas hasta el “jaque-mate”. No, la frase «la seriedad de la guerra» evoca el impacto profundo, irreversible y devastador que los conflictos armados tienen sobre las sociedades, la moral humana y el orden geopolítico global. A lo largo de la historia, la humanidad ha abordado esta seriedad desde distintas dimensiones éticas, políticas y filosóficas para entender el peso real de un enfrentamiento. Ningún gobierno ha devuelto los muertos a su familia y, por el contrario, el duelo familiar es solitario y causa efectos atroces en las comunidades.
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