Una entrevista del Diario EL NUEVO SIGLO del 28 de septiembre de 2026 concedida por Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, detalla la muerte de más de 200 trabajadores este año por causas asociadas al trabajo. Un trabajador pierde la vida por causas asociadas a su labor cada 18 o 20 horas en el territorio nacional. Los sectores más afectados son minas y canteras que registra la tasa de mortalidad más alta del país, seguida por transporte y almacenamiento, construcción y distribución de agua. Pero hay otros sectores como actividades de servicios administrativos y de apoyo, comercio al por mayor y al por menor. Los 10 accidentes laborales más comunes incluyen resbalones, caídas y sobreesfuerzos físicos que afectan a trabajadores en diversas industrias. El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advirtió que “Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación registraron un incremento de 600 % en el número de muertes. Así mismo, en administración pública y defensa y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, los fallecimientos se duplicaron. Es urgente revisar las estrategias de prevención y desplegar controles prioritarios en aquellos sectores con alertas atípicas de siniestralidad”.
El conflicto entre la producción y la seguridad laboral ocurre cuando las empresas priorizan las metas de entrega por encima de la integridad física del trabajador, ofreciendo una protección superficial o de papel en lugar de medidas reales. La exigencia de producir más en menos tiempo, lleva a omitir pausas y revisiones de seguridad. Muchas empresas entregan elementos de protección personal (EPP) básicos, pero no capacitan, no supervisan, ni adaptan los espacios de trabajo. Se ven los equipos de seguridad como un gasto y no como una base necesaria para la salud y la seguridad en el trabajo. Un entorno inseguro genera ausentismo, temor y baja calidad en las labores diarias.
La explotación laboral en Colombia es un problema estructural grave, que se manifiesta en jornadas excesivas, falta de pago de horas extras, sobrecarga de tareas y alta informalidad. Se han investigado por parte de las autoridades del trabajo cadenas de descuento e hipermercados tras detectar pausas insuficientes y sobrecarga operativa. Además, presunta utilización de personal vulnerable sin garantías plenas. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en Colombia la esclavitud, el trabajo forzado y la explotación laboral son inaceptables en todas sus formas. ¡Nadie debe ser sometido a trabajos forzados, pues es delito y se paga con cárcel! Debemos proteger los derechos y libertades de todos. Es hora de que el Congreso le cumpla al pueblo expidiendo el Estatuto del Trabajo, ordenado en el artículo 53 de la Constitución de 1991, donde se detallan los principios mínimos fundamentales como remuneración mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos señalados en las leyes laborales, descanso necesario, pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Un Congreso que ayuda a los poderosos pero que tapa sus oídos y cierra sus ojos, ante los trabajadores. ¡Que injusticia!
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