Las principales fallas de la Constitución de 1991 radican en su brecha entre el papel y la realidad, destacando la cooptación del sistema político por el clientelismo, la concentración de poder en las Altas Cortes y la judicialización de las políticas públicas. El cambio hacia un sistema de circunscripción nacional destruyó el poder de los partidos tradicionales, pero facilitó la proliferación de microempresas políticas y maquinarias clientelistas. Aunque la Acción de Tutela es su mayor logro, ha generado que problemas estructurales de salud, pensión y vivienda se resuelvan en los despachos judiciales en lugar de solucionarse mediante políticas públicas integrales. La tutela se ha convertido en un instrumento de manipulación de los procesos ordinarios entregados a los jueces y tribunales, porque todo termina resolviéndose por los jueces con poder constitucional mediante fallos de tutela. Las violaciones se dan no obstante que el Artículo 86 de la Constitución manda: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Manipulan el reparto judicial, hay carteles de tutelantes, las tutelas temerarias no se sancionan y para evitar los procesos ordinarios convierten la tutela en un atajo, con jueces sobornados o en medio de conflictos de intereses.
Hasta el año 2021 la Constitución había tenido 55 reformas, que modificaron 108 artículos. Esto significa que casi la tercera parte de la misma ha sufrido cambios. Luego, no se entiende por qué esta generación de jóvenes que ve en la Constitución una esperanza de cambio no puede modificar el texto constitucional si los ejemplos del pasado muestran que crear nueva disposiciones en la Carta era mecanismo fácil con las mayorías de los gobiernos de derecha. Hoy consideran el cambio constitucional como un paso a la dictadura, como si desde antes de las aspiraciones de hoy no se hubieran derrochado poderes constitucionales y extra constitucionales, amparados unas veces por la Corte Constitucional y otras por el Consejo de Estado.
Los jóvenes consideran que “sí, es posible cambiar el modelo económico en Colombia, de hecho, el país se encuentra actualmente en medio de una transición estructural.” Ideas que se escuchan en medio académicos indican que se debe reducir la dependencia histórica de la renta extractiva (carbón y petróleo) para fortalecer los sectores reales como el agro, la manufactura y el turismo; por otra parte, cambiar el rol pasivo del Estado por otro donde sus actuaciones reflejen el querer ciudadano, haciendo que las propuestas de todos sean escuchadas, mediante consultas permanentes a todos los sectores de opinión. Igualmente es trascendental que se modifiquen los sistemas de salud, pensiones y laboral para redistribuir el ingreso de forma progresiva, de manera que se elimine la desigualdad, se evite el desplazamiento de los campesinos y los jóvenes tengan acceso a oportunidades laborales, de estudios superiores y apoyos estatales para emprender nuevos negocios, pequeños y medianos, que serían los grandes responsables del crecimiento económico nacional. ¡Si la riqueza no está concentrada en pocas manos todo es posible!
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