Los Medios de la derecha no cesan en sus ataques mentirosos contra el gobierno Petro. Ellos mismos sienten que se les perdió la capacidad económica de que gozaban antes del triunfo demoledor que los movimientos progresistas tuvieron en el 2022. Solamente van 2 años de gobierno y la élite nacional siente que sus bolsillos están menguados, porque la mayor parte de sus recursos provenían del Estado. Ellos eran los grandes contratistas, los que preparaban los estudios del gobierno de derecha y los que decían a quien se le adjudicaban los contratos. Los miles de empleados en provisionalidad muestran la forma como manipulaban los nombramientos, dejando las vacantes con personal transitorio en vez de convocar los concursos de méritos para que la gente ingresara por sus competencias y no por la palanca partidista. Otro golpe que les dio el gobierno Petro a las mafias burocráticas. Hoy miles están ingresando a la administración gracias a la diligencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que ha acelerado la demora en todas las entidades del Estado.
Todos los cambios que se registran en el pais, para que mejore y cambie la percepción de que el tesoro público es un botín del que se apropian los más ricos, volviéndose multimillonarios como muchos de las clases altas emergentes de hoy, es lo que ha llevado a esta plaga de calumnias e injurias que rondan por los medios contra funcionarios del gobierno, datos sin verificación, sin contrastar las fuentes, en fin, sin verdad e imparcialidad. No obstante los periodistas y opinadores también tienen sus controles.
El gobierno debe estar consciente de que necesita el apoyo jurídico, para que aquellas indagaciones internas que demuestren tener una base para investigar deben aceptarse como principio de prueba y sacar de inmediato a quienes enlodan el gobierno y atentan contra la moral pública. El principio “verdad sabida y buena fe guardada” tiene que prevalecer en el poder estatal: suspensiones inmediatas de funcionarios y procesos iniciados, para que cesen las especulaciones. Y asì como se les da relevancia a los “chismes de cocteles”, que se reivindique a quienes fueron acusados y declarados no responsables mediante decisiones de fondo en el menor tiempo posible.
No puede olvidarse que la Fiscalía tiene el deber de apoyar a las víctimas. Poner en conocimiento del ente investigador las injurias y calumnias contra los servidores del Estado, sería un buen mensaje para que todos ajustemos nuestro comportamiento a no hablar o escribir sino con la verdad y con las pruebas reales, no con mentiras y más mentiras o con especulaciones. Las indemnizaciones que deberían pagar quienes atenten contra la integridad moral de los servidores públicos, serían multimillonarias y asì se lograría un ambiente de paz y tranquilidad caminando con la verdad. ¡Porque la verdad hay que exigirla!
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