La derecha no deja trabajar al gobierno, pero todo lo que corresponde al Presidente es urgente y tiene que hacerlo ya, como si la Constitución no le fijara un plazo de 4 años, y apenas lleva 19 meses. Es urgente terminar carreteras que ellos no construyeron; es urgente hacer la paz, en un pais donde ellos todo lo convirtieron en campo de guerra y donde murieron miles de personas, y desaparecieron otras tantas. Es urgente invertir, cuando en sus gobiernos la propia Contraloría y la Procuraduría afirmaban que se perdieron al año $50 billones por corrupción. Además, hay que pagar la plata que se les adeuda a las EPS, pero ellos guardaron silencio, no cancelaron a tiempo y permitieron que esas entidades entraran en crisis y que no cumplieran su labor de aseguradores de la salud, porque el dinero lo desviaban a intereses particulares. Las pensiones las invirtieron en carreteras y en ahorros en el exterior. Y los trabajadores hoy afirman que los empleadores abusan de su poder para pagarles salarios reducidos, bajar sus horas extras y esconder hasta la propinas en los restaurantes para no darles la participación que les corresponde.
Mientras tanto esa derecha en el Congreso elude su deber constitucional de aprobar leyes, no quieren discutirlas y se alejan de las sesiones después de responder a lista, para poder cobrar los salarios que les asignan cada año y que hoy superan los 45 millones de pesos mensuales, más los recursos de las UTL que corresponden a 50 salarios mínimos legales mensuales que los reparten como quieren y hasta les quitan parte de ese sueldo a los trabajadores vinculados como queda evidenciado por las condenas que han proferido los jueces contra varios excongresistas, que también han perdido la investidura por esa causa. Nunca se había visto un Congreso tan evidentemente agresivo con el gobierno, al parecer porque no les reparte la mermelada a la que están acostumbrados y cuya falta seguramente los llevará a una derrota monumental en 2026.
Lo más grave es que todo lo que hoy reclama la derecha para que se termine con urgencia corresponde a obras inacabadas de sus propios gobiernos pues según denuncia la Contraloría General de la República hasta 2023 en el relanzamiento del programa “Compromiso Colombia, elefantes blancos” estaban identificados 1.753 ‘elefantes blancos’ y proyectos críticos en todo el país, los cuales sumaban un valor total de $15,2 billones. Entre ellos hay carreteras, obras en el sector de agua potable y saneamiento básico, y en el área de educación. Los departamentos más afectados por la mala gestión están Valle del Cauca ($2,9 billones), Antioquia ($1,1 billones) y Tolima ($1,03 billones). Mientras que los departamentos con más proyectos en riesgo son Cundinamarca (175), Valle del Cauca (165) y Santander (130). Lo que uno se pregunta es ¿por què los organismos de control nunca intervinieron los gobiernos de derecha y hoy cuestionan al gobierno progresista, por obras frente a las cuales el mismo no tiene responsabilidad alguna por las faltas disciplinarias, fiscales o por los delitos cometidos en esas administraciones?
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