Los partidos son organizaciones que permiten las expresiones diversas y divergentes de todos su miembros. Pero en Colombia, como en otras partes del mundo, se han convertido en casas o feudos que impiden la libertad de palabra y las manifestaciones diferentes de sus miembros. Los expresidentes que deberían ser asesores o consejeros de los partidos, se han convertido en “tiranos”, que imponen su voluntad gracias al poder que ejercieron y a los puestos y contratos que repartieron en sus mandatos. Se convierten en jefes únicos, déspotas, caciques y autócratas. No se entiende para qué ejercen esas funciones demoledoras de la voluntad general, si ya nada pueden alcanzar, diferente a la gloria o al renombre y notoriedad que les dejó su propia gestión. Porque si salen desprestigiados del poder, es muy difícil recuperar la exaltación de sus victorias. Casos se han dado en la historia cuando algunos gobernantes salen “endiosados” por las mayorías y terminan en una prisión condenados por sus delitos y las acciones despreciables que se conocen tiempo después de haber dejado la silla de oro del poder. Otros recurren al suicidio.
Los partidos tienen unos estatutos internos, que regulan su trabajo institucional. Además, se exige su cumplimiento. La ley 130 de 1994 en el artículo ARTICULO 7º señala: Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas. Pero esa exigencia se rompe con la ley del silencio que impera en los partidos, pues quien se atreva a demandar o insinuar siquiera que el partido está violando sus estatutos con decisiones ilegales es declarado traidor y jamás lo vuelven a postular para ningún cargo de elección o por nombramiento. Sigue imperando en ellos el reflejo de la ley del más fuerte, en este caso, del “emperador o Señor feudal”, que es quien quita y pone los nombres de las listas o de las postulaciones y que además dirige los comités financieros de las campañas para recaudar el dinero que se necesita, por encima de los topes que fija la ley.
En los partidos quien carga las maletas al jefe o el que se arrodilla sin edredones es quien ocupa los primeros lugares, no importa la poca preparación que tenga o las dificultades para entender cómo funciona la administración o la entidad donde necesitan de esa persona de confianza. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe “velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos; por los derechos de la oposición y las minorías y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.” (Art. 265 numeral 6º Constitución Política). Pero haciéndolo proactivamente, no sentados en unos escritorios en Bogotá y dejando que la democracia se derrumbe como está ocurriendo en la modernidad, mientras ellos devengan salarios de magistrado de alta Corte. Es penoso ver la desidia y la indiferencia con la que se administra esa función, clave en la democracia, ya que todavía nos estremecemos ante la corrupción electoral y la cantidad de delitos que se cometen impunemente contra los mecanismos de participación ciudadana.
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