Al hacer un análisis de los ciclos de la historia encontramos que la mayoría de los textos hablan del nacimiento de la democracia en Atenas alrededor del 500 A.c. No obstante, los propios investigadores explican que los hechos históricos son relativos, pues hoy nuevos descubrimientos sobre la fecha del origen del hombre sobre la tierra y su desarrollo como “ser social” son analizados a la luz del avance de las ciencias y especialmente de la Paleontología y la Arqueología. Por ello nadie puede afirmar con certeza que no hubo en las comunidades primitivas decisiones democráticas que implicaran “una persona un voto”, porque en agrupaciones arcaicas muchas veces la decisión de ir a la guerra se decidía por la mayoría del grupo de los combatientes de una familia, tribu o imperio.
“Actualmente, la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un acceso democrático a la toma de decisiones. Algunas de ellas son: 1.-primacía de la decisión de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías; 2.-reconocimiento del derecho de toda persona a pensar diferente y expresarse de acuerdo con sus convicciones; 3.-realización de elecciones periódicas competitivas, libres, transparentes, con un voto personal, igual, secreto e informado, para que el pueblo decida quiénes deben ser sus gobernantes; 4.-garantía de competencia pacífica, a través del diálogo y la negociación entre las ideas y los grupos que se disputan el acceso al gobierno; 5.-distribución del poder que permita que las autoridades se controlen mutuamente y garantía de canales de expresión y fiscalización por parte del pueblo”. (Ver https://sites.google.com/site/631democraciayestadodederecho/cmap-democracia/el-origen-de-la-democracia).
Ahora bien, esas “condiciones mínimas” deben ofrecerlas y ejecutarlas las autoridades electorales, es decir, el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del estado civil. Pero para desgracia del país, los Magistrados del Consejo son elegidos por el Congreso en representación de los partidos políticos de la coalición mayoritaria, lo cual compromete a sus integrantes más con sus ideales politiqueros que con la verdad y la transparencia. Todos los sistemas de elección de altos cargos del Estado que hoy están en manos del Congreso, que no sean consecuencia de un concurso de méritos objetivo y con criterios definidos mediante puntajes y al final por sorteo, después de integradas las listas definitivas, deben ser desechadas de nuestra constitución y de nuestras leyes. Por la falta de transparencia está demandado ante el Consejo de Estado el nombramiento del actual Registrador, pues quienes participamos en el concurso y quedamos entre los 10 finalistas, tuvimos la sorpresa de que el escogido a pesar de su mala hoja de vida y no haber tenido el mejor puntaje en competencias laborales, ni ser experto en contratación pública, recibió el premio gracias a la entrevista que se hizo sin presencia de veedurías, ni de los medios de comunicación, o sea, se hizo a puerta cerrada. Nadie entendió cómo el actual Registrador quedó en el primer lugar, ni qué preguntas le hicieron, ni las preguntas y respuestas de los demás participantes.
Lo irónico es que todos esperábamos que con los argumentos expuestos en las demandas, antes del año se definiera si su elección fue legal o no, como manda el artículo 264 de la Constitución, pero no ha sido así, porque no se le ha dado la prelación constitucional que reclama una posición tan importante para la democracia. Por eso la Registraduría es en este momento un fortín burocrático y no una entidad técnica, que sorprende con su millonaria contratación y que, además, su titular desafía a los futuros aspirantes al Congreso y a la presidencia, “pidiéndoles que no se presenten si creen que no tienen garantías”. Y todos sabemos que las garantías deben darse con hechos, no con palabras. Ojalá la vigilancia nacional e internacional sobre el proceso impidan cualquier conato de fraude, porque de otra manera las consecuencias para Colombia y sus instituciones serían muy graves.
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