El programa de gobierno es la base del plan de desarrollo de los presidentes de la República, en la medida que la ciudadanía vota, supuestamente, por los ofrecimientos públicos de los candidatos. Pero los candidatos tienen un plan B del programa que lo constituyen aquellos pactos políticos que se fraguan a la luz de las velas y en los oscuros entramados burocráticos donde no acceden los organismos de control ni la Fiscalía, ni el pueblo que los escogió. El presidente electo no puede excusarse en ninguna razón ordinaria como la falta de recursos fiscales, o extraordinarias como la pandemia, para no desarrollar el programa prometido, pues lo que ocurre como consecuencia de la fuerza mayor se resuelve con instrumentos excepcionales de política pública, que están todos en los textos constitucionales y legales para casos o estados de emergencia. La expresión de no pude hacerlo por esto o por aquello es de espíritus pusilánimes o inexpertos que no conocen ni las reglas jurídicas aplicables al caso, ni las estrategias de gobierno para alcanzar objetivos concretos.
En la PROMESA 43 del programa, Duque ofreció una reorganización profunda del Estado, lo que no hizo y, por el contrario, amplió la burocracia en términos exagerados, permitiendo que las entidades del gobierno crearan cargos a granel (Contraloría, Registraduría, Fiscalía, Cortes, Procuraduría, Aeronáutica Civil, Defensoría del Pueblo cuyo gasto no puede aumentarse sin el visto bueno del Ministro de hacienda) y aumentaron también los contratos de prestación de servicios, que son una burla a los derechos de los trabajadores y una violación de garantías laborales. La existencia de nóminas paralelas se mantiene con todo vigor y ese mecanismo es muy propicio para ganar elecciones comprando votos y voluntades de quienes apoyan a los candidatos del gobierno y sus aliados. Además, los aumentos salariales para algunos sectores fueron generosos mientras la mayoría del pueble pasaba hambre por la pandemia.
En la PROMESA 45 del programa, Duque ofreció acabar la mermelada en el presupuesto y, por el contrario, después de iniciar una gestión con aparente independencia política, con el transcurrir de los meses tuvo que entregarse en los brazos de las mayorías del Congreso que terminó imponiendo su voluntad, debiendo repartir Ministerios, Gerencias, embajadas consulados y otros cargos nacionales para poder sacar avante su gobernabilidad. Tanta es la debilidad institucional que algunos de los que participan en el gobierno dan lecciones callejeras de moral criticando algunas de las decisiones oficiales del presidente o sus ministros.
En la PROMESA 49 del programa, Duque ofreció la confirmación de los altos cargos del Estado en audiencias públicas, tales como Ministros, Magistrados, Embajadores, etc., lo cual se haría en las comisiones constitucionales correspondientes del Senado de la República. Ningún esfuerzo hizo al respecto para cambiar el clientelismo de alto nivel. Y en la PROMESA 50 del programa, Duque ofreció independencia política para los cargos de Superintendente lo cual olvidó una vez posesionado pues en la de Industria y Comercio nombró a un exasesor de la UTL personal que tuvo el propio Senador Duque, en la de Sociedades a un pariente de un Ministro y en la Superfinanciera cambió la reglas de juego para ratificar a un viejo conocido de un poderoso banquero. Las demás Superintendencias fueron repartidas entre amigos y han tenido un papel opaco en la inspección, vigilancia y control que les corresponde en favor de los ciudadanos. Como vemos en cuanto a cumplimiento de promesas de campaña nada de nada. Y faltan por verificar otras 200 promesas incumplidas de su extinto plan de gobierno para la Colombia naranja.
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