Según el Diario Portafolio el gasto militar alcanzó 1,8 billones de dólares del año pasado, es decir, un 3,9% más que en 2019, “a pesar de la pandemia de coronavirus y la contracción consecutiva de la economía mundial”, indicó el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), especializado en la materia. Por su parte Colombia, según aproximaciones presupuestales gasta US$10.300 millones, de los cuales US$300 millones son destinados a la compra de armas ($1.050.000.000.000). La fuerza pública tiene un poco menos de 500.000 efectivos, sin contar los contratos de prestación de servicios que en todo el gobierno son exagerados, teniendo en cuenta que los contratistas no cumplen una función concreta en beneficio de la Administración ni de los ciudadanos.
La Corte Constitucional ha expresado: “El carácter social de nuestro Estado de Derecho no es una fórmula retórica o vacía. Por el contrario, la naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico tiene clara expresión en la prevalencia de los derechos fundamentales, en la superación de la crisis del Estado de Derecho como sinónimo de la legalidad abstracta y en la inmediata realización de urgentes tareas sociales, todo lo anterior en desarrollo de los principios de solidaridad y dignidad humana. La dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del Estado social de derecho. Las situaciones lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo inspira. La reducción de la persona a mero objeto de una voluntad pública o particular (v.gr. esclavitud, servidumbre, destierro), los tratos crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12) o simplemente aquellos comportamientos que se muestran indiferentes ante la muerte misma (p. ej. el sicariato), son conductas que desconocen la dignidad humana y, en caso de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pueden ser pasibles de repulsa inmediata por vía de la acción de tutela, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.”
Ahora bien, el mensaje que manda el Presidente de la República a los colombianos al comprar aviones de combate F16, por US$300 millones, es que la guerra continúa, y que las necesidades urgentes del pueblo son superadas por el criterio fratricida del Estado, pues unas armas de esa calidad no se adquieren para guardarlas, sino para usarlas contra diferentes grupos armados o contra países vecinos que ataquen la soberanía nacional. Estamos quitando valor a la prevención con acciones pacíficas, con transacciones puntuales o negociaciones dialogadas y seguimos escogiendo la política del exterminio del enemigo, actitud que nunca en la historia de la humanidad ha dado buenos resultados. Todos sabemos que la violencia engendra más violencia. La paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento es la que puede llevarnos a la prosperidad. (Art. 22 Constitución Nacional)
Se el primero en Comentar