Serán más de $12 billones el costo calculado, pero seguramente a esa cifra habrá que sumarle $3 o $4 billones más por los sobrecostos que implica remover redes de acueducto y alcantarillado, organizar nuevas vías y mejorar el entorno por donde se moverá el metro. Y el problema no estará en los sobrecostos y en las demoras, que contarán nuevas cifras dentro del valor del proyecto, sino en la tarifa técnica y en los pasajeros que movilizará el sistema cuyo cálculo se estima en 650 mil pasajeros día, cuando en realidad esa cifra es incierta, por el problema del crecimiento en el uso del carro particular y en la compra de motocicletas que se han convertido en el instrumento capital de los pobres y de la clase media en Bogotá. Nadie se baja del carro con los índices y la percepción de inseguridad de la ciudad, ni los motociclistas abandonarán su libertad de movimiento en las vías por usar un sistema rígido que no les garantiza menores tiempos de recorrido, ni el uso adicional que ellos hacen de las motos los fines de semana con sus familias.
Peñalosa se irá de la administración el 31 de diciembre y nos dejará tremendo problema a los bogotanos, porque él no tiene garantizado el ingreso para que el metro funcione más de 5 años. Eso ha pasado con los masivos en todas las capitales y hoy esos sistemas están quebrados y la Nación hacía esfuerzos ingentes por mantenerlos vivos hasta que se le ocurrió que esos costos había que trasladarlos a los ciudadanos comunes y corrientes y dejó introducir en el plan de desarrollo una serie de gabelas para poner en estado comatoso a todos los operadores de sistemas públicos, pues ni se renuevan ni desaparecen. La irresponsabilidad de los alcaldes y funcionarios salientes es que, por estampar su nombre como grandes administradores públicos, inician obras que dejan desfinanciadas, y eso pasa con todas las obras viales, que al final las paga el que usa las vías y genera peajes, para que unos pocos se llenen de plata.
Un ejemplo real es el del metro de Medellín, cuyo costo inicial se calculó en US$600 millones y terminó valiendo la suma de US$3000 millones. Hoy el Departamento y el Municipio le deben a la Nación una suma billonaria que se terminará de pagar en el año 2083. Para esa fecha la región antioqueña habrá pagado $67.4 billones que, si se hubieran invertido en pequeñas obras en Medellín y Antioquia, hoy sería uno de los lugares más competitivos para vivir. Si los gobernantes pensaran mejor, no invertirían en obras innecesarias o en elefantes blancos a los cuales solamente salvan las futuras generaciones con un gran esfuerzo. Y sin ser ave de mal agüero, como van las cosas en Bogotá, la ilegalidad en el transporte afectará mucho más los ingresos de todo el sistema de movilidad público.
En pocos años Peñalosa gozará de su jubilación en una playa lejana y los bogotanos estarán pagando todavía el metro, la gran obra de una administración soñadora. En Transmilenio han pagado $750.000 millones a los operadores de las troncales como subsidio a la operación. La diferencia entre metro y bus superaría en un horizonte de 15 años, en cuentas reales, más de $2 billones como costos de movilidad en perjuicio de los usuarios bogotanos. Hay muchas soluciones para la movilidad, como integrar los taxis, los sistemas con energías alternativas, las ciclo rutas, abrir más rutas exclusivas para el Transmilenio, integrar los sistemas de pasajeros de corta distancia y mejorar la seguridad, porque si eso no se logra, más personas se bajarán de los buses para comprar motos o carros muy pequeños, que agravarán más y más las congestiones de tráfico en el año 2050. PD: Cali acaba de entrar en proceso de reestructuración con el sistema de transporte MIO.
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