Es hora de revisar la Constitución política de 1991 para estudiar un cambio sustancial que ha sido negado por la derecha Colombiana: llegar al esquema gobierno y oposición. Esto significa entregar a los partidos perdedores los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación, pues lo que estamos viendo en el panorama nacional es que la derecha se cree dueña del país y la realidad hacia el futuro será otra. Ya no desaparecerá el progresismo de la vida política, social y económica colombiana. Tampoco podrán asesinar a los líderes como hicieron en el pasado, pues la realidad de hoy con las redes sociales y los mecanismos de investigación, todos deberán actuar con respeto hacia las instituciones que se consoliden mediante un acuerdo nacional, so pena de ir a prisión.
La concentración de poder que se instauró desde la Constitución de 1886, como una monarquía constitucional, donde alrededor del poder presidencial giraron todas las decisiones importantes del gobierno, generó esa especie de hegemonía de la derecha que creyó que jamás sería destronada de sus privilegios. Pero como la vida da tantas vueltas el 2022 fue un año de pérdida institucional para ese sector ideológico fascista y perseguidor de minorías. Además, el triunfo del progresismo evidenció una terrible falencia de los poderes establecidos, pues tanto el legislativo como el poder judicial se dedicaron a hacer una oposición abierta y/o soterrada contra las decisiones presidenciales poniendo en tela de juicio la Carta fundamental de la República. La estructura de poderes ya no sirve para mantener en paz a Colombia.
Lo que hemos visto es un guerra abierta entre los intereses populares y los de la oligarquía criolla, que quiere que el destino de los recursos públicos se dedique a construir carreteras y grandes obras de infraestructura, mientras más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de discriminación y marginación, tanto económica como social. A la derecha le faltó cumplir los mandatos constitucionales que contienen instrucciones para que, de conformidad con el artículo 150 de la Carta Política, y en armonía con el principio democrático (preámbulo, artículos 1º y 2º de la Constitución), el legislador en uso de su competencia genérica hubiera expedido leyes en todos los ámbitos susceptibles de discusión política, por medio de los representantes elegidos popularmente, aplicando la regla de la mayoría, y preservando garantías para la adecuada participación de las minorías políticas. Los abusos del Congreso con mayorías de la derecha, que dedicó su cuarto de hora a enriquecer a los ricos y dejar a los pobres en su miseria, urge cambios de fondo para toda la sociedad. Una nueva estructuración de los poderes en Colombia es necesaria si queremos vivir en paz y garantizar el progreso para todos.
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