La debacle que debería estar publicitando la derecha por las decisiones del Consejo de Estado y los Tribunales en contra de los Comisionados de la CREG nombrados por el expresidente Duque se ha convertido en un silencio sepulcral. Las designaciones del gobierno anterior fueron hechas violando de manera flagrante la ley, pues ninguno de los comisionados “amigos” del gobierno pasado, que se hicieron a última hora para perturbar el mandato del presidente Petro con frío cálculo electorero cumplía los requisitos técnicos como ellos pensaban. Duque, violación tras violación, terminó un periodo presidencial plagado de clientelismo y adjudicaciones directas de multimillonarios contratos frente a los cuales la clase gobernante guardó silencio, pues era sus principales beneficiarios. La plata del Estado y del pueblo en manos de una clase dirigente, que solamente se escandaliza cuando les quitan el poder. En ese caso todo es malo.
Andrés Barreto, Natasha Avendaño y Sara Vélez, se cayeron por incumplimiento de requisitos legales cosa que a nadie del Congreso le extraña cuando en la decisión hubo un claro prevaricato por acción en concurso con peculado a favor de terceros, lo que debería averiguar la comisión de investigación y acusaciones del Congreso, que para algo existe. Pero si eso hubiera ocurrido en el gobierno del presidente Petro, los titulares habrían inundado todos los periódicos amarillistas, reclamando la devolución de esos recursos mal aplicados y por afectación de los valores democráticos de Colombia. Las llamadas comisiones de regulación son entidades de bolsillo, objeto de reparto entre gobierno y congresistas, que no cumplen las funciones técnicas asignadas porque tienen la contaminación del padrinazgo y la protección de los beneficiarios de sus decisiones. Por eso la derecha quiere hoy “construir sobre lo construido” que no es otra cosa que decir que lo que se robaron ya está perdido y que debemos pensar es en lo que haremos de aquí en adelante, mientras sueñan con recuperar el poder tan anhelado.
El problema de los servicios públicos domiciliarios es su alto valor, en cuyo precio han incorporado valores que no deberían estar en las fórmulas actuales. Según los expertos hay que bajar los altos costos de Administración, Operación y Mantenimiento, indexar anualmente y no por mensualidades todos los factores que afectan el costo unitario del kilovatio, modificar los criterios incorporados al cargo por confiabilidad, fomentar la competencia y eliminar el monopolio, estabilizar las normas que regulan el sistema impidiendo modificaciones parciales cada que a un propietario del negocio se le ocurre pedirlo y hacer pública la información de manera que todos los usuarios la conozcan en lenguaje claro y preciso. Ya con la expedición del Plan de Desarrollo el Presidente podrá generar una transformación profunda en muchas áreas, reglamentando rápidamente las disposiciones del texto legal, particularmente en el sector eléctrico y en los servicios domiciliarios, porque hay que cumplirle a los pobres las importantes promesas de campaña que hizo en el 2022.
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