No obstante que Colombia se define en sus principios como un Estado social de derecho que implica “un modelo de organización política que busca cumplir la ley y, al mismo tiempo, garantizar la igualdad, la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos”, DELAESPRIELLA nos está mostrando que tales enunciados no los va a cumplir y, por el contrario, impondrá una plutocracia de hecho, con sesgos de tiranía, bajo la mirada auspiciosa y cómplice de los otros poderes del Estado, que miran apenas de reojo la actual Constitución. La plutocracia es un sistema político y social donde el poder y el gobierno son controlados de forma directa o indirecta por la minoría más rica de la población. En el mundo antiguo, este fenómeno se manifestó en diversas civilizaciones donde la tenencia de tierras, esclavos y dinero determinaba los derechos políticos y el control del Estado. Nos estamos, entonces, devolviendo siglos en la concepción del poder estatal y pisoteando las bases del Estado social de derecho colombiano.
El historiador y filósofo griego Jenofonte usó por primera vez el concepto para describir sociedades dominadas por la riqueza. Antes de las reformas de Solón (siglo VI a. C.), Atenas funcionaba como una oligarquía agraria donde los pentacosiomedimnos (la clase más rica de terratenientes) acaparaban los cargos públicos de mayor jerarquía. El estatus de ciudadanía plena dependía de cumplir con un censo mínimo de propiedad o riqueza. Y eso lo vimos en la campaña electoral del 2026, cuando los empresarios a través del plan Júpiter, consolidaron el voto de sus trabajadores bajo amenaza de que si ganaba Iván Cepeda desaparecerían miles de empresas, empezando por aquellas donde ellos trabajaban y el comunismo se apoderaría de las riquezas. Esa maniobra fue hecho notorio en Colombia, hubo reuniones y hay grabaciones de lo que se dijo en tales convocatorias. Un preludio de la presión hacia los ciudadanos, que por lo demás violó el artículo 387 del Código Penal (modificado por la ley 1864 de 2017 Art.2º), mediante constreñimiento al elector. Una maniobra de ese tamaño debió ser investigada de manera inmediata por la Fiscalía, pero se guardó silencio hasta por parte de los medios que hoy aplauden el triunfo nefasto del cuasi-tirano.
Así se publicó el hecho: “Una investigación de Señal Investigativa —alianza entre Señal Colombia y Revista RAYA— destapó el Proyecto Júpiter. Se trata de una estrategia atribuida a Jaime Bermúdez Merizalde, exasesor de comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, diseñada para influir en las elecciones. Lo que ocurre en Colombia no es nuevo, es una versión local y actualizada de tácticas de manipulación emocional, microsegmentación y opacidad digital asociadas al caso Cambridge Analytica. Procuraduría recibió 521 informes por conductas contra el proceso electoral. La MOE hizo 319 reportes. Fiscalía confirmó 5 capturas y 12 indagaciones por presuntos delitos electorales. Además, 53 personas fueron capturadas. No obstante tales abusos, la gran prensa sostiene que todo estuvo normal, porque ganó DELAESPRIELLA el candidato de los mega-ricos colombianos. Si hubiera ganado Cepeda, conspirarían para tumbarlo del poder a todo costo. Lo peor de una plutocracia es que el dinero se convierte en ley, destruyendo la igualdad de la democracia. Por eso el pueblo tiene que expresarse pacíficamente cada que se cometa un abuso o un delito por parte de los servidores públicos de este gobierno que apenas empieza quitando a los pobres y a los trabajadores beneficios que se otorgaron en el pasado gobierno de Gustavo Petro.
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