La violencia en Colombia ha dejado profundas secuelas sociales, humanas y económicas a lo largo de su historia. Millones de personas han abandonado sus tierras y hogares para huir de los combates y amenazas. Niños, niñas y adolescentes han sufrido reclutamiento forzado, violencia y pérdida de entornos protectores. Comunidades enteras quedan atrapadas en sus territorios por la presencia de actores armados y artefactos explosivos. Se registran altos índices de depresión, ansiedad y estrés postraumático en las poblaciones afectadas. La inseguridad reduce la inversión, la producción agrícola y el desarrollo del campo. Los cultivos ilícitos y las economías ilegales impulsan la deforestación y la destrucción de recursos naturales. Persiste una brecha grande entre la presencia formal del Estado y la seguridad real en las regiones. Pero lo votantes escogieron la violencia y las consecuencias se empiezan a ver desde el primer día de mandato de DELAESPRIELLA. país estaba en relativa paz. Los procesos lentos de las conversaciones para apaciguar los odios políticos y reducir el narcotráfico y las actividades ilegales de grupos armados se mantenían como una muralla para evitar nuevas escaladas de destrucción y muerte. Pero pudo más el “olor a sangre” que atrae a muchos de los poderosos y vendedores de armas y municiones, a quienes no les importa la destrucción del país, pues ellos pueden irse cuando las cosas se pongan “agrias”. Algunos tiene doble y triple nacionalidad, otros, simplemente se movilizan hacia islas paradisíacas a disfrutar del dinero mal habido y simplemente no miran noticias, ni leen periódicos que estresan a cualquier nacional. Pero para la mayoría empieza la zozobra. Heródoto de Halicarnaso los dibujó con lagrimas de sangre: “«En la paz, los hijos entierran a los padres; en la guerra, los padres entierran a los hijos».
El jueves 27 de Agosto del 2026, en el Guaviare, en el segundo bombardeo ordenado por el Presidente DEALESPRIELLA, murieron tres niños. Sus madres los lloran, porque no importa si se fueron voluntariamente o los obligaron. No son ellos responsables y, además, están protegidos por el derecho internacional humanitario. Y esos tres pequeños serán el símbolo de la barbarie de un Estado con gobierno que se niega a dialogar, no obstante el mandato del artículo 22 de la Constitución que ordena: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. La Corte por su parte explicó: “Los instrumentos pacíficos para la solución de conflictos se acomodan mejor a la filosofía humanista y al amplio despliegue normativo en torno a la paz que la Constitución propugna. De ahí pues que, las partes en controversia, particularmente en aquellos conflictos cuya continuación pone en peligro el mantenimiento de la convivencia pacífica y la seguridad nacional, deben esforzarse por encontrar soluciones pacíficas que vean al individuo como fin último del Estado. Al respecto, esta Corporación ya había dicho que el derecho a la paz ´implica para cada miembro de la comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo´. Y, en otro pronunciamiento la Corte señaló que ´el derecho y el deber a la paz obligan al juez constitucional a expulsar las leyes que estimulen la violencia y que alejen las posibilidades de convertir los conflictos armados en conflictos políticos”. C-019/18. Las madres no quieren tener hijos para la guerra. En la última década bajaron un 30% los nacimientos en Colombia. Y si volvemos a la guerra, que hubo antes del proceso de paz con las Farc-Ep, el país sufrirá la pesadumbre de no volver a tener hijos para amar, educar y sostener el sistema económico y social de esta patria bombardeada.
Se el primero en Comentar