Según INDEPAZ, entre 2020 y 2024 se han presentado en Colombia 413 masacres, entendidas como la muerte intencional de 3 o más personas. El resultado son 1.439 víctimas protegidas por el DIH. Según esas mismas estadísticas puede verse que en el Gobierno de Gustavo Petro, con la política de paz total los grupos armados ilegales han disminuido su accionar pues en el último año de Duque las muertes fueron 338 y han bajado de 96 masacres a 93 en el gobierno Petro y el número de masacres en 2024 apenas alcanzan 37 con corte a junio. Lo cual indica que si se mantiene la tendencia se podría llegar a 74 o incluso menos. Todo dependerá del apoyo que se de en el Congreso y en las Cortes al programa de la paz total. Y basta releer las miles de masacres en tiempos de los gobiernos de derecha para conocer el nivel de terror en el que ha vivido Colombia.
Luego, las afirmaciones de la derecha extrema son falsas y se contradicen por los números. En cambio sí se revisan esas mismas estadísticas en ese mismo periodo puede verse que el Departamento con más actos violentos es Antioquia la sede de la extrema derecha en el pais. Además, entre 1991 y 2001, se registraron 96 masacres que dejaron 597 personas asesinadas en la región de Urabá. Algo está pasando en esos territorios pues los crímenes no bajan. Por otra parte el gobierno ha venido insistiendo ante la Junta Directiva del Banco de la República que bajen las tasas de interés para aumentar los créditos y el consumo y no ha sido posible por ser esa entidad un organismo autónomo. “El hecho de que el Banco de la República haya utilizado la tasa de intervención para controlar la inflación, ha afectado al grueso de la población en el país en distintos sectores: en el sector industrial, pero sobre todo en el sector de consumo y en el sector de comercio”. (ver El Nuevo Siglo 29/06/24).
Lo extraño es que algunos gobernadores de la ultraderecha y Alcaldes (Antioquia y Cali especialmente) están desvelados porque se siga aumentando la violencia en Colombia, con ataques “contundentes” contra quienes se encuentran en este momento en el proyecto de “paz total”. Lo que piden es bombardear y, además, si se entiende por “contundente” la neutralización y muerte del enemigo, lo que piden es más violencia. Si la violencia en Colombia se debe principalmente al narcotráfico y a actores como los grupos armados organizados, lo que debe aplicarse es la inteligencia militar y policial para capturarlos, enjuiciarlos o extraditarlos. Ello permitiría que usando el poder de la ley y la legitimidad de las armas se recupere la paz en todo el territorio nacional. Siempre los sabios han afirmado que “la violencia trae más violencia” y hoy más que nunca cuando el pais está polarizado en bandos ideológicos irreconciliables.
Ahora bien, la inversión está detallada en el artículo 350 de la Constitución y dice que “el gasto público social es prioritario y solamente puede eludirse en casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional”. Lo que no es evidente en los tiempos actuales. El gobierno entonces debe acentuar el cumplimiento del plan de desarrollo, asì los gremios aturdan con sus reclamos, pero primero está la gente y el pueblo excluido durante varias generaciones. Hoy la prioridad no son las carreteras y las grandes obras de infraestructura sino el pueblo hambriento y desprotegido social y económicamente. El Estado debe restablecerle sus derechos fundamentales con el dinero disponible.
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