La Procuradora General de la Nación Margarita Cabello, mediante comunicado anunció vigilancia preventiva sobre los procesos de elección de Contralores territoriales, que deben cumplirse antes del 31 de diciembre del 2021. Igualmente, alertó que el Ministerio Público ya está como vigilante del manejo de los dineros públicos en época electoral en el marco del ‘Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia’, donde asistieron mandatarios locales y regionales de todo el país. Es importante decir que el ciudadano del común espera que siendo ella la primera mujer que llega a ese importante cargo nacional, cumpla las promesas que hace y que tanto su mandato como el de todos sus subalternos sea ejemplo de honestidad, eficacia y eficiencia, en el estricto cumplimiento de los principios constitucionales señalados en el artículo 209 de la Carta Política.
El procedimiento para escoger Contralores territoriales fue reglado por la Contraloría General de la República, pero faltó un paso muy importante, ponerle criterios objetivos a las entrevistas, toda vez que es allí donde se manipula la escogencia del funcionario que va a cuidar los recursos de los departamentos, Distritos y Municipios. La Procuraduría puede pedir que Asambleas y Concejos exijan a quienes se postulen o queden en las ternas, un pequeño programa de gobierno, para hacerle seguimiento a sus actuaciones una vez posesionados. Además, vigilar la cantidad de contratos millonarios de prestación de servicios que se celebran una vez el Contralor empieza su mandato. Puede verse que llegan como asesores personajes de todas las regiones, con honorarios de $100 y más millones de pesos, cosa que no se explica, a menos que se trate de pagar compromisos políticos a los diputados y concejales que los eligieron. Se supone que dichos contratos deben tener relación con las funciones de la entidad o ser el resultado de necesidades técnicas específicas para el cabal cumplimiento de los cometidos estatales del control fiscal. Y poner cuidado especialmente con las denuncias de los participantes pues casi siempre los medios publican los nombres de quiénes serán ganadores del examen y quiénes estarán en la terna y, por ende, quién será el Contralor. Resultado inexplicable si se trata de una convocatoria pública imparcial y objetiva.
En relación con el cambio que se hizo a la ley de garantías electorales, sobre la contratación antes de las elecciones de Congreso y de Presidencia, sería importante que la Procuraduría exigiera que antes de aplicar dicho texto se cumpliera el trámite de las leyes estatutarias que ordena el artículo 153 de la Constitución, teniendo en cuenta que el cambio aparentemente leve de un parágrafo de la ley de garantías en la ley de presupuesto, es de la mayor importancia en términos de igualdad electoral para todos los aspirantes tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. La disposición ordena que “dicho trámite comprenderá la revisión previa de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto”. La intervención de la Procuraduría es urgente, toda vez que los términos están corriendo para las fecha de las elecciones mencionadas, lo cual haría más rápida la intervención de las entidades competentes, especialmente enviando una orden perentoria a todos los servidores públicos de que mientras no se cumpla la revisión de la Corte Constitucional el artículo incorporado a la ley de presupuesto no puede ser aplicado por ninguna autoridad pública. Así, el país mantendría la calma política y se evitarían enfrentamientos o actos de violencia que en muchas regiones son caldo de cultivo para homicidios selectivos o masacres. No puede olvidarse tampoco que si se omite el paso de la revisión previa de constitucionalidad y se cae la ley con posterioridad en la Corte todos los contratos celebrados quedan viciados de nulidad absoluta.
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