LA PAZ ES NECESARIA

Todos los colombianos, salvo excepciones de guerreristas, creemos que el país necesita la paz para garantizar la protección de la vida, superar décadas de desigualdad histórica y consolidar su desarrollo económico y democrático. Tras más de medio siglo de conflicto armado, detener la violencia es el requisito básico para que las regiones más apartadas accedan a oportunidades reales de progreso y bienestar social. La violencia armada ha dejado 10 millones de víctimas, desplazados y comunidades confinadas, por lo que la paz es urgente para garantizar el derecho fundamental a vivir sin miedo.

La guerra está motivada por una combinación de causas históricas estructurales —como la desigualdad y la disputa por la tierra— y el lucro derivado de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Mientras que en el siglo XX predominaron factores ideológicos y de exclusión política, en la actualidad el conflicto responde principalmente al control territorial de rutas estratégicas y rentas criminales. La producción y comercialización de cocaína financia el armamento, el reclutamiento y la expansión de los grupos armados, convirtiéndose en el principal combustible financiero de la guerra. Por otra parte, la extracción ilícita de oro, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos y el tráfico de migrantes generan ingresos multimillonarios que incentivan la disputa armada en regiones estratégicas. En amplias zonas rurales y fronterizas, la falta de carreteras, justicia, salud y educación ha dejado vacíos de poder que los grupos armados ocupan imponiendo sus propias reglas.

El Gobierno colombiano ha ocupado un lugar ambivalente frente a la violencia armada: es el garante constitucional de la seguridad y los derechos humanos, pero sus vacíos institucionales, los cambios bruscos de estrategia y episodios históricos de responsabilidad directa, como en el caso de apoyo directo a los paramilitares, han incidido en la persistencia del conflicto. Su papel se entiende desde su deber legal, sus fallas estructurales y las responsabilidades documentadas en la historia. Para garantizar una paz duradera, se debe combinar el control territorial efectivo y la protección de las comunidades con la transformación económica del campo y el cumplimiento continuo de los acuerdos. Los expertos y organismos internacionales coinciden en que ni la acción militar aislada ni los diálogos sin presencia estatal logran frenar el reciclaje de la violencia.

Es indispensable fortalecer las garantías de seguridad y las alertas tempranas para frenar los asesinatos contra liderazgos sociales, comunidades étnicas y excombatientes en reincorporación. Las estrategias de inteligencia deben enfocarse en desmantelar el lavado de activos, la corrupción local y las redes de suministro de la minería ilegal y el narcotráfico. Además, acelerar la entrega y titulación de tierras a familias campesinas junto con bienes públicos como vías terciarias, riego y crédito, lo que podría resolver la raíz agraria del conflicto. Y otra cosa importante exigirle respeto al Presidente DELAESPRIELLA por quienes piensan diferente, porque su actitud de “Jefe supremo sometido a la fuerza pública” y sus insultos, alejan cada vez más el logro de una paz estable y duradera. Primero, los colombianos que no votaron por Delaespriella no son pulgas. Decir que “las pulgas pueden picar al tigre” es un irrespeto a la inteligencia de todos los estratos sociales que no confían en su forma de gobernar, ni en sus antecedentes por amistades en el narcotráfico y la violencia paramilitar en Colombia.

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