Empecemos por lo importante: la corrupción. Cuando Petro llegó al poder los organismos de control habían advertido que en Colombia se robaban $50 billones de pesos en coimas y contratos chimbos, además del contrabando y actividades ilegales como el hurto de combustibles y la minería ilegal. Hasta Rodolfo Hernández, candidato que pasó a segunda vuelta y que fue derrotado por Petro exclamaba aterrado “que había que quitarles la chequera a los corruptos”. Lo que sigue es el tema de la violencia en Colombia. Mienten los medios y sus periodistas que dicen que la violencia en los territorios se debe a Petro. Y hay que dejar claro, la violencia liberal y conservadora es una herencia de los partidos creados por las oligarquías que se repartieron el poder, después de la independencia.
En la década de 1850 la llegada de José Hilario López al poder, quien promovió la liberación de los esclavos, se inicia un cambio profundo en las estructuras sociales y económicas del país. La ley suprema de la esclavitud encoleriza a los terratenientes y enciende más las pasiones de esa época de novedades. Entonces se habló de una revolución social y de una revuelta clerical, pero el verdadero final de esa película terminó cuando Melo derrocó al Presidente Obando. El primer golpe a la naciente institucionalidad. Las violencias ideológicas han subsistido hasta la era moderna. Por eso Colombia sigue siendo un país desigual y signado por la polarización. Más de 100.000 muertos y una patria destrozada dejó la guerra de los mil días. Pero los ciclos de violencia después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán han sido recurrentes y de esa violencia política no hemos salido, porque fuerzas oscuras siempre están rondado la democracia de este territorio. Por eso repitamos: la violencia no empezó con Gustavo Petro como presidente de Colombia, sino por razones de poder de otros líderes de los que defienden las clases gobernantes de hoy. Y entre ellos se encuentra Alvaro Uribe.
El caso Uribe es paradigmático. Él le debe muchas explicaciones a Colombia. En una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que las Auc apoyaron la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez en 2002, y que después colaboraron con miembros del DAS. Diego Palacio, exministro de Uribe, confesó sobornos para la reelección de Uribe y solicitó acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Palacio fue condenado por dicho delito en 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Y hubo varios condenados más. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, elevó a 6.402 las víctimas de «falsos positivos», como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, todo en el Gobierno Uribe. Y es bueno que se le diga a Colombia, también, qué pasó con las investigaciones de Centros poblados, OCAD-PAZ, Corpourabá, Chirajara, Dragacol, Foncolpuertos, Ruta del sol, escándalos sobre los que se guarda silencio por la prensa de derecha. Millones estamos seguros de que el país sería mejor sin Uribe y que su presencia en la política es más para tener poder y encubrir sus investigaciones que por servir a la patria. Pero hay delitos de lesa humanidad que no prescriben. Algún día habrá justicia.
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