La tesis de Ferdinand Lassalle, expuesta en su célebre conferencia de 1862 ¿Qué es una constitución?, sostiene que una constitución real y efectiva no es un simple documento escrito (una «hoja de papel»), sino la suma de los factores reales de poder que operan en el interior de una sociedad. Lassalle distingue entre la ley fundamental plasmada en un papel y las fuerzas vivas y efectivas que mandan en la práctica. Si la constitución escrita no coincide con los factores reales de poder, se produce un conflicto inevitable donde el papel termina por sucumbir ante la fuerza de la realidad. Pues bien esa tesis que, desde el constitucionalismo moderno, se mira como la teoría de los pilares democráticos, debe convertirse en una realidad en Colombia. Antes del gobierno Petro el pilar más importante era el presupuesto. Lo controlaba el gobierno, según lo escrito en la Constitución en el artículo 346 inciso 2º: “En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo”. Aquí está resumido el problema de fondo, porque los factores reales de poder hoy en Colombia, según vemos, son: El Presidente, El Congreso y los Empresarios.
Si nos atenemos a esa línea de mando, y si el problema está en el manejo e inversión del dinero público, reflejado en el presupuesto, reformemos la Constitución y determinemos como pueblo colombiano, que esa torta se reparte entre esos tres niveles, para que acabemos con la polarización que nos está arruinando y devolviendo a las épocas más oscuras de la violencia. Así al Presidente se le encargaría de la protección de todas las inversiones en medio ambiente y cuidado de los recursos naturales, y amparo de los derechos fundamentales de las personas. A los empresarios las grandes obras como carreteras, trenes, aeropuertos y desarrollo del sector económico y el Congreso que se encargue de las pequeñas obras para todos los Municipios, de acuerdo con los planes y proyectos de inversión. Si cada cual maneja una parte de esa torta por la que se pelean, los organismos de control podrán determinar quién y donde se roban el dinero del Estado, y de esa manera los corruptos se cuidarán más de no incurrir en delitos. Una solución pragmática de acuerdo a nuestra realidad social y económica nos evitaría tanta polarización, tanto odio y tanta inmoralidad.
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