Uno de los pilares de la corrupción está en la autorización que la derecha se dio mediante ley para que el sector privado aportara a las campañas políticas. Muchos de esos aportes se quedan en el bolsillo de los políticos para enriquecerse y pasar de ser simples alcaldes, diputados o Gobernadores y congresistas, a multimillonarios, como ocurrió con Mario Castaño (escándalo de las marionetas) que de humilde trabajador de la Industria Licorera de Caldas, terminó amasando una fortuna de $120 mil millones de pesos, según los reportes de la Fiscalía dentro de la investigación que le siguieron por corrupción. Y así se mantuvo en el Congreso entre dádivas de los ricos, aportes de los contratistas que beneficiaba y regalos de quienes él vinculaba a la administración pública. Un verdadero banquete de corrupción.
Por eso hay que modificar la Constitución mediante le intervención directa del pueblo, a lo cual debe añadirse que la justicia no trabaja sino en los procesos contra los pobres porque a las élites y a los políticos no los puede tocar. Las principales desventajas de la financiación privada de campañas políticas son la desigualdad en la contienda electoral, la corrupción y la influencia indebida de los donantes y la distorsión de las prioridades políticas. Esto ocurre porque los grandes aportes privados pueden dar una ventaja desproporcionada a ciertos candidatos y generar conflictos de interés, ya que los donantes a menudo esperan obtener beneficios o un trato preferencial a cambio de su financiación. Dichos aportes atentan contra el poder del pueblo porque “el creciente gasto en campañas y la influencia del dinero privado se consideran una de las mayores amenazas para la democracia, ya que distorsionan el principio de igualdad política y pueden llevar a un sistema donde el poder económico tenga más peso que la voluntad popular.”
Hay muchos ejemplos, pero uno de los que más resaltó en Colombia este año 2025 fue el del “grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS, financiaron las campañas al Congreso de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres”. A Keralty le intervinieron la EPS Sanitas, y por eso, sin duda la Comisión Séptima bloqueó la reforma a la salud y, finalmente, la Corte ordenó la devolución de la EPS mediante una tutela, cuando el artículo 86 de la Constitución ordena que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Pero además la tutela es un procedimiento preferente y sumario, por tanto, excepcional. El cartel de la toga en su tiempo se evidenció, en parte, por la venta de “tutelas extrañas”.
En la primera vuelta presidencial del 2022, los gastos reportados fueron de $75 mil millones de pesos, y se estima que la contribución de particulares se acerca al 27.6% de ese total, es decir, casi la tercera parte los recursos utilizados. Lo demás debe entenderse que fueron recursos públicos. En la segunda vuelta, los candidatos reportaron ingresos por $14.604.176.428, en contraste con los gastos por $ 15.845.814.607. La opacidad del ingreso de dineros particulares a las campañas es un peligro para la estabilidad de las instituciones, con mafias, élites y clanes, dando muchos aportes por debajo de la mesa. Por eso tiene que haber cambios urgentes mediante Asamblea Nacional Constituyente en: financiación de campañas políticas y en la actividad de la justicia, sus nombramientos, plazos para tomar decisiones y funciones electorales ajenas a la rama. Además, retiro inmediato del cargo, verdad sabida y buena fe guardada, en casos graves de corrupción. “Si la sal se corrompe… con qué se salará?”
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