El Diario el Colombiano de Medellín publicó esta noticia: “Sector privado pone sobre la mesa 11 megaproyectos que transformarán la economía del país. La Red Pro, que reúne a 11 organizaciones representativas de las diferentes regiones del país, presentó una hoja de ruta que contempla cinco apuestas productivas y proyectos estratégicos por más de $70 billones.” Y más adelante expresan en el mismo texto: “Con esta apuesta, el sector privado busca sentar las bases de una Colombia más competitiva. Sin embargo, la Red Pro fue enfática en que los proyectos dependen no solo de la financiación, sino también de la voluntad política, la coordinación institucional y la seguridad jurídica, factores que serán determinantes en el próximo ciclo presidencial.” Es decir, las ideas fundamentales están orientadas no a garantizar los derechos de la gente, sino a invertir recursos en grandes infraestructuras y no en las personas. Primero nuestra obligación, tanto del sector público como del privado, no es enriquecer más a los contratistas privilegiados sino garantizar salud, educación, trabajo, cultura, dignidad e igualdad.
Esa es la equivocación de las élites de Colombia, que creen que el beneficio en las inversiones estatales debe orientarse primero hacia la empresas y no hacia el pueblo, que es la razón de ser de todo gobierno. Los fines esenciales del Estado están detallados en el artículo 2º de la Constitución Nacional así: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…”
Por eso hay que leer bien la Carta constitucional pues ella tiene unos mandatos cuya prelación fue enumerada de la siguiente manera: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…” La Constitución que es nuestra norma de normas inicia el catálogo con el servicio a la comunidad que consiste en “contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, atendiendo a todos los ciudadanos con respeto, diligencia e igualdad de condiciones.” Entonces las propuestas del sector privado están mal orientadas, pues ellos saben que esos grandes proyectos sin apoyo del gobierno nacional no son viables pues se necesita el aporte de todos y, además, del crédito internacional. Luego, por eso es necesario un consenso nacional, que signifique equilibrio en las inversiones públicas y se promuevan “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados.(Art. 13. Inc 2 y 3º). Además el Estado debe proteger a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Si las élites y el pueblo soberano se ponen de acuerdo en los términos que debe aplicarse la Constitución Nacional, sería el primer paso a la paz y a la concordia nacional, pero no puede privilegiarse primero a los que más tienen y al final si resultan algunas migajas se le darán al pueblo. No, es al contrario, primero atender las necesidades populares y luego dedicar parte de los recursos sobrantes a las grandes obras o “megaproyectos”, pues el hambre y la desigualdad no dan espera.
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