Cada país tiene formas de definir quienes serán sus gobernantes. Tales mayorías con el territorio conforman la soberanía que se define como “el poder político supremo e independiente que ejerce un Estado sobre su territorio y su población, y es la cualidad de un poder que no está subordinado a ninguna autoridad superior. En los sistemas democráticos, este poder reside en el pueblo, quien lo delega en sus representantes para tomar decisiones autónomas, tanto a nivel interno (dentro del territorio) como externo (frente a otros estados). Si vivimos en un régimen democrático, quien ejerce las funciones de representación del Estado es el Presidente de la República. Igualmente, según el artículo 189 de la Constitución corresponde al Presidente “dirigir las relaciones internacionales”.
No corresponde, pues, a los gremios ni a ninguna otra persona natural o jurídica, salvo expresa delegación del Jefe de Estado, representar al país ante ninguna otra autoridad. En Colombia estamos dando marcha atrás en el constitucionalismo, pues los gremios económicos, se están tomando la vocería de Colombia, lo que es inconstitucional y, además, constituye un delito. Ahora, el empoderamiento de los gremios lo habían dado los anteriores gobiernos al sector privado, frente al poder que les habían reconocido, como altos interlocutores de la economía y, también, por ser los mayores aportantes a las campañas políticas, de manera directa o por debajo de la mesa. Pero eso cambió con el Gobierno de Gustavo Petro.
Ahora, el otro concepto importante es el de mayorías nacionales, es decir, quien tiene las mayorías en Colombia. El Congreso no tiene función de representación internacional, tampoco las Cortes. El único que representa las mayorías es el presidente, pues fue elegido en unas elecciones donde obtuvo el 50.44% de los votos válidos, es decir, más de 11 millones de votos. Luego las mayorías nacionales las tiene Petro, no Uribe, ni los sucesores de Hernández, que obtuvo el segundo resultado. Ahora, Petro presentó un programa al electorado y por eso ganó el derecho a ejecutarlo. Pero lo que ha obtenido es un rechazo diabólico de las élites y contratistas privilegiados de los gobiernos anteriores, que consolidaron una clase gobernante excluyente y arbitraria, que se imponía dando prebendas al Congreso.
Solamente el pueblo que se expresa en las urnas tiene el derecho de exigir una u otra política o programa. En efecto, la oposición no tiene el poder de las urnas para imponerse al Presidente. La oposición está representada por diversos líderes y no por uno solo, es decir el otro que compitió por la primera magistratura, en la segunda vuelta. Si los líderes del partido liberal, conservador, cambio radical, y centro democrático aspiraban a las mayorías nacionales tenían que buscar la Presidencia y someterse a una derrota. Como no lo hicieron, simplemente siguen siendo jefes de Partido, pero no representan, ni al país, ni a la soberanía colombiana, pues tal tarea le corresponde al Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Al parecer los políticos colombianos necesitan unas clases de teoría constitucional. Por eso no tenemos paz. Si no conocen la Carta Política, menos van a conocer los derechos y deberes que tienen frente a los colombianos.
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