Lidiar con una oposición llena de odio convierte el tema político en un campo de batalla donde la intransigencia de uno de los oponentes siempre termina causando graves daños a una empresa, a un país y al mundo entero. La intransigencia es una “actitud rigurosa, incluso rígida, de quien no está dispuesto a hacer concesiones, o ceder a compromisos, por creer que lo suyo es irrenunciable.” La derecha no quiere que cambie ninguna de sus políticas públicas, impuestas con la mayoría que tenía en el Congreso y que aún conserva en el Senado de Colombia. Pero el nuevo gobierno, conformado por un grupo de partidos aliados del progresismo llamado “Pacto Histórico”, quiere devolver a todas las clases sociales excluidas sus derechos, consagrados en la Constitución de 1991, pero desconocidos por el régimen que gobernó hasta el 2022. La lucha pues es titánica y las consecuencias para el país pueden ser funestas, si la derecha sigue manteniendo las líneas rojas de que todo lo suyo ha sido lo mejor.
Los medios de la derecha por su parte avivan las llamas del odio y de la polarización con sus titulares afirmando que la Consulta y la Constituyente, es decir, el poder del pueblo, son una amenaza para la democracia. O sea, la democracia, según la derecha, son ellos y el pueblo ya no es el soberano. Insultan a los ministros afirmando que Benedetti es el Rasputín del régimen , un claro ataque moral y de personalidad a quien ostenta las relaciones políticas del gobierno; otros sectores afirman que la consulta frena la economía, como si todos los factores de medición no mostraran un avance positivo; repiten que el gobierno no protege a la oposición, como si en los gobiernos de derecha no se hubieran cometido los peores crímenes contra comunidades enteras, sugiriendo relaciones secretas con grupos guerrilleros; montan en la línea opositora al Registrador, que debe ser garante de todas las manifestaciones de democracia, porque él representa a la organización electoral, no a la derecha.
Lo grave para Colombia es que personajes y personajillos del entramado de los partidos le juegan a la guerra y a la eliminación de los contrarios mediante todas las formas de lucha. No quieren aplicar el artículo 22 de la Constitución que consagra “la paz como derecho y deber” de todos los colombianos. Los responsables de esa actitud guerrerista y malsana para la paz deben ser juzgados por la opinión pública, ya que los jueces se convirtieron en sector no confiable para el pueblo, pues el 83% de la opinión pública no lleva sus problemas a la justicia, sino que los resuelve por fuera del sistema. Algo o mucho tiene que cambiar en nuestro país para que recuperemos la calma y volvamos a las instituciones por el camino del cumplimiento de las normas constitucionales, hoy convertidas en letra muerta.
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