El diario el Colombiano, opositor como el que más al gobierno del Presidente Petro, ha preguntado a expertos sobre el contenido de la consulta que fue sometida al Congreso, porque considera que pueden estarse violando disposiciones y sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema. Dice el medio de comunicación: “El exmagistrado Juan Carlos Hermosa analiza las preguntas que el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Senado y encontró que varias son tendenciosas y no tiene en cuenta efectos económicos.” Es loable que los propietarios de medios de comunicación se interesen por la suerte del país, pero deberían ser propositivos y aportar soluciones serias, orientadas al crecimiento económico y a la extinción de los problemas del país y no impugnar todo, con el ánimo de destruir y no de construir. Al parecer a ciertos sectores económicos solamente les interesa que las propuestas de todos los gobiernos se orienten al enriquecimiento de los que ya tienen riquezas y no destinar el dinero público hacia sectores populares, donde las necesidades de comida, trabajo, salud y vivienda son más apremiantes.
Se torna visible la interdependencia que existe entre el principio del Estado social de derecho y el principio democrático. El primero supone la adopción de políticas sociales que normalmente sólo a través del segundo se establecen. Las demandas por bienes y servicios formuladas por las personas, los grupos, las asociaciones, los partidos y demás formas de acción y cohesión social, se hacen presentes, compiten y se tramitan a través de los distintos mecanismos, directos e indirectos, de participación democrática. La distribución del producto social es esencialmente un asunto político, máxime si entraña gasto público y supone el ejercicio de la potestad tributaria enderezado a arbitrar los recursos para realizarlo.
El Estado social de derecho, se proyecta en la Constitución, en primer término, en la consagración del principio de igualdad y en su consecuencia obligada: los derechos sociales y económicos y en la prestación de los servicios públicos. En segundo término, a través de los derechos de participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, que se compendian en el principio democrático y gracias al cual se socializa el Estado y las diferentes instancias de poder dentro de la comunidad. El avance del Estado social de derecho, postulado en la Constitución, no responde al inesperado triunfo de ninguna virtud filantrópica, sino a la actualización histórica de sus exigencias, las cuales no son ajenas al crecimiento de la economía y a la activa participación de los ciudadanos y de sus organizaciones en el proceso democrático.
Por las anteriores explicaciones plasmadas todas en sentencias de la Corte Constitucional la sociedad espera que quienes tienen más ingresos paguen más y que las demás personas, que no tengan los privilegios de la riqueza, sean ayudadas mediante políticas públicas que vayan marcando una salida paulatina de la desigualdad y la pobreza extrema. No se puede defraudar el salario de los trabajadores, como si estuviéramos en las primeras etapas de la revolución industrial, cuando “los salarios en las fábricas eran bajos. Las condiciones laborales eran duras, sucias y peligrosas. Las ciudades estaban superpobladas, pues las familias que buscaban trabajo las inundaban. Las enfermedades se volvieron comunes y los niños no podían permitirse ir a la escuela.” Queremos volver al pasado o superamos la miseria humana e intelectual de hoy?
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