
Ningún político ha sido tan directo en atacar a las Cortes como Álvaro Uribe Velez. Desde 2020 se viene hablando de las controversias más sonadas pues el político tiene cerca de 30 procesos abiertos en los que lo investigan por diferentes delitos, que van desde espionaje en campañas hasta nexos con el paramilitarismo. Pero los casos más conocidos con aquellos que lo relacionan con el paramilitarismo, que por tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben. Y allí está su más grave problema. FRANCE24 afirma que “Puntualmente, la Comisión Colombiana de Juristas señala que el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso, aseguró que Uribe tenía conocimiento de la masacre que los paramilitares perpetraron en El Aro, que su Secretario de Gobierno estuvo con el grupo armado ilegal durante los hechos, y que el Ejército colombiano los ayudó”.
Pero el caso que lo podría llevar a la condena está más avanzado. la Fiscalía lo acusa por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. Uribe tiene a todos sus amigos de la prensa informando sobre presuntas violaciones al debido proceso y muchos periodistas y opinadores concentran el discurso mediático en que no tiene garantías procesales y que será condenado por presiones políticas. En algunos de esos delitos señalan a Uribe como determinador que “es quien hace ejecutar o induce a otra persona a cometer un delito.” Los abogados de Uribe y periodistas califican los hechos, algunos ya probados, como inventos. Otros han dicho que hay ocultamiento de pruebas. Lo curioso es que los testigos de Uribe caen en la regla sicológica que se critica a los testigos para afirmar que están mintiendo cuando “emplean las mismas palabras del interrogador, proporcionan más información sobre los demás y menos sobre ellos mismos, y describen los hechos con mucha sencillez, pues es muy difícil para el cerebro crear una mentira muy compleja.”
En el 2013 la Comisión de Acusaciones de la Cámara certificó la existencia de 276 investigaciones contra Álvaro Uribe Velez, en su calidad de Expresidente de Colombia. Ello da cuenta de los presuntos delitos o violaciones a ley que se le endilgan, pero en esa célula legislativa no avanza nada y menos contra el mencionado político. Ahora, como ejemplo, si se iniciara una investigación contra un Jefe de una banda, como la de Alí Babá y sus cuarenta ladrones o el tren de Aragua, y se citara a declarar solamente a quienes las integran, eso diría mucho del procesado. Lo mismo ocurre en el caso Uribe. La Fiscalía puede interrogar y/o contrainterrogar y eso no es mostrar “apetito condenatorio grotesco”, es precisar el dicho del testigo que quiere evitar que la verdad salga a la luz. No olvidemos que los testigos de Uribe son procesados por delitos en otros negocios, o condenados, o pertenecen o han pertenecido a su partido el Centro Democrático, lo que lleva a la Juez y a la Fiscalía a profundizar en la crítica del testigo sospechoso o mentiroso. No olvidemos que la investigación a Uribe inició en 2018 y que todos los observadores apuntan a que busca la prescripción, porque al enjuiciado no le importa que esa sea una salida a medias, porque lo que pretende es no ser condenado, a cualquier costo.
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