En un documento presentado en 2022 a la Comisión de la Verdad el jurista Rodrigo Uprimny decía: “Lo que expresa este informe es que en el conflicto armado, la principal víctima ha sido el campesinado; si uno cuenta las víctimas fatales, de 430.000 al menos 251.000 serían campesinos y campesinas… No es solo el impacto cuantitativo de esta guerra sobre el campesinado, es también el impacto cualitativo, el impacto de cómo este conflicto armado ha intentado infructuosamente destruir las organizaciones campesinas, silenciar las demandas campesinas, aplazar las posibilidades de una reforma agraria y de esa manera perpetuar el conflicto armado y la injusticia en el campo”. Y lo peor es que en esa violencia contra los habitantes de la ruralidad colombiana, como expresó en el mismo acto Alexander Fernández, vocero campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), se precisa que “el Estado reconozca el derecho de los campesinos a sus territorios y la importancia de que dichas tierras pertenezcan al campesinado y no queden en manos de grandes concesiones”. Puede verse, entonces, que la derecha colombiana, en su falta de políticas a favor del campesinado, prefiere concesionar las tierras que entregarlas a quienes realmente las trabajan.
El conflicto armado ha generado impactos estructurales en la ruralidad colombiana, profundizando dinámicas históricas de exclusión, desigualdad y pobreza. A pesar de los esfuerzos institucionales por mitigar estas afectaciones en el actual gobierno persisten barreras sustantivas para el goce efectivo de derechos en el campo. Por ejemplo, la entrega de tierras que debió llegar a 1.500.000 hectáreas, apenas va en 750.000. La Agencia nacional de tierras y la SAE tienen más capacidad de entrega, pero algunas de las grandes haciendas que se quitaron al narcotráfico siguen en manos de testaferros y familiares. Tales decisiones se tomaron en los gobiernos anteriores. El otro foco de corrupción está en el apoderamiento de tierras baldías que son de la Nación y algunos políticos se han apoderado de ellas. “14 congresistas (10 se reeligieron el 8 de marzo) están investigados por ocupar baldíos que le pertenecen al Estado. Entre los casos, aparece un primo de Paloma Valencia con una finca de 6.000 hectáreas en Vichada.” (RTVC Noticias). Los congresistas investigados son Luis Eduardo Díaz Mateus, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda y Nicolás Barguil, del Partido Conservador; Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical; Ana Paola García Soto y José Alfredo Gnecco Zuleta, del Partido de la U; Lidio García, del Partido Liberal; y Óscar Villamizar y Enrique Cabrales, del Centro Democrático.
Más del 50% de las víctimas registradas en Colombia por el conflicto armado son campesinas. Los grupos armados llegaban, reunían al pueblo y los amenazaban, para luego asesinar frente a todos a unos cuatro o cinco, como escarmiento, y para generar miedo y angustia. A lo largo de la historia los campesinos han vivido bajo un “régimen de terror”. La derecha colombiana ha generado múltiples dispositivos retóricos y comunicacionales que evocan miedos prefabricados como: la asociación del socialismo con el mal absoluto, con crisis económica, dictadura, pobreza y violencia armada desbordada. Pero por ahora la continuidad del Pacto Histórico en el poder va a romper esos miedos y va a generar el regreso a los hogares del sector rural, recuperación de tierras e inversiones cuantiosas en el campo, para el bienestar de todos.
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