Un país democrático es aquel que se organiza políticamente según el principio del “gobierno del pueblo”. La palabra democracia tiene un origen griego y está formada por los vocablos demos (pueblo) y kratos (poder), que hacen referencia a un ordenamiento político y social centrado en la toma de decisiones por el conjunto de los ciudadanos. Ahora, el sistema electoral es la estructura compuesta por las normas y los procesos que, fijados por la ley, permiten que los ciudadanos intervengan en las decisiones políticas a través del voto. Podría decirse que, mediante el sistema electoral, los individuos se convierten en electores y seleccionan a los dirigentes que ocupan diversos cargos públicos en el gobierno.
Preguntémonos, por tanto, quién ha propuesto y aprobado las normas en Colombia para las elecciones desde la creación de la República, si la izquierda nunca tuvo intervención mayoritaria y, además, a sus principales voceros los fueron eliminando a cuentagotas, para evitar la consolidación de partidos fuertes? Salvo liberales y conservadores crearon castas regionales y grupos de poder que generaban políticas a favor de ellos mismos. Desde la organización de los municipios hasta las regulaciones nacionales todas han estado signadas por la derecha colombiana y manipuladas y explotadas por los mismos dirigentes que hoy son sucesores de derechos, privilegios, poderes y prebendas del Estado. Es la derecha la que tiene la mayoría de los cargos de poder del Estado y ha controlado el presupuesto público direccionado inversiones en favor de sus amigos y abandonado la periferia nacional.
El neoliberalismo en Colombia ha operado desde principios de los años 90 a través de una «apertura económica», privatización de empresas estatales, flexibilización laboral y reducción del papel social del Estado. Este modelo buscaba combatir la crisis fiscal, pero trajo consigo desigualdad, dependencia de materias primas (petróleo/carbón), alta informalidad laboral y el debilitamiento de la agricultura local.
Impulsada esa política neoliberal por César Gaviria y luego por Alvaro Uribe, a través del Congreso se redujeron drásticamente aranceles y barreras a las importaciones, exponiendo la industria y agricultura nacional a competencia internacional. Se hicieron transferencias de empresas públicas al sector privado y se transformaron servicios básicos (salud, pensiones) en negocios manejados por el sector financiero. Se Implementaron reformas que redujeron costos laborales, facilitando la contratación temporal y precarizando el empleo. Esa no es, entonces, la democracia que necesita Colombia. Lo que se requiere es una democracia popular que eleve el nivel económico y social de las mayorías y no de unos pocos privilegiados que han estudiado en el exterior con dineros públicos.
El domingo, entonces, se definirá si hay una democracia popular continuando el proyecto impulsado por el Pacto Histórico o si volvemos a la explotación humana y al esclavismo ideológico, donde se piensa solamente lo que quieren los poderosos de Colombia, o recuperamos el ambiente de libertad que los padres fundadores de la democracia expusieron cuando afirmaron que democracia era “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Se habló de igualdad no de sumisión, se habló de jueces imparciales no de togados arrodillados al poder de las élites. En fin, se consolidó una patria que no es la que queremos y solamente una Constituyente popular puede devolvernos mediante el voto de las mayorías esa patria donde podamos repetir “Oh gloria inmarcesible!¡Oh júbilo inmortal!¡En surcos de dolores, el bien germina ya.”
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