La derecha presume de haber logrado grandes cambios económicos en el país. Pero no habla cómo ese crecimiento económico se consiguió desmantelando el Estado que se construyó a partir de la Constitución de 1968, cuando se estructuró el gobierno con cánones de empresas modernas, sin entregar ni los negocios, ni el dinero público a los extranjeros, ni a las élites y/o clanes regionales. El Uribismo desapareció de la vida jurídica 464 empresas y llenó de accionistas poderosos la salud, los servicios públicos, las carreteras y peajes, lo que convirtió a Colombia en un organismo esclavizante que no respeta los derechos humanos, la función social de las empresas, ni de la propiedad. Nadie sabe que hicieron con el dinero de la privatización de empresas estatales.
Los ricos que llegaron a Colombia no lo hicieron para repartir su riqueza creando, mejor empleo y dando más seguridad social, sino que atesoran, para llevarse las utilidades al exterior. Por eso Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Si los más pobres los ubicamos en los estratos 1, 2, 3 y 4, veríamos allí el 93% de la población; el estrato 5 es el 6% y, el estrato 6, el restante, insignificante y peligroso 1%. El Banco mundial señalaba en 2024 que “Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo superado por Sudáfrica y Namibia”. Hasta esa profundidad lamentable nos llevó la derecha y apenas ahora, en el Gobierno Petro, nos damos cuenta del desastre dejado por los gobiernos uribistas, que todos lo han sido desde el 2002 en adelante.
Por eso vale la pena recordar que los más altos niveles de violencia en Colombia se han logrado en gobiernos de los partidos tradicionales (liberal y conservador) y, a partir del 2002, bajo la égida del uribismo, las clases poderosas (grandes terratenientes, empresarios e inversionistas de capital) han financiado paramilitares y otras luchas internas, tratando de exterminar lo que ellos llaman “comunismo”, que no es otra cosa que la expresión de una sociedad relegada a la discriminación y la exclusión social, económica y política. El señor Uribe Vélez en sus dos periodos desmanteló 464 empresas estatales para llenarlas de privados, que hoy usufructúan crecimiento y negocios verticales, como ha ocurrido con la salud. Mientras los dueños hablan de buena prestación del servicio, hasta los mismos gobernantes han dicho que son empresas de la muerte que se han llenado de corruptos y que debe haber un cambio. Pero el Senado de este periodo no ha dejado cambiar el viejo sistema, porque sus dueños son aportantes a las campañas presidenciales y del Congreso.
Por eso vale la pena hoy repetir, sin cansancio, las palabras de José Acevedo y Gómez en 1810, para la reflexión de los más jóvenes: “Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes: ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan.” En efecto, dejar que la derecha se tome otra vez el gobierno y todo el poder del Estado, con ayuda de las armas privadas y oficiales, es volver a los años de las desapariciones, los desplazamientos las masacres paramilitares, y las cárceles para los que piensen diferente. No olvidemos lo que decían los abuelos: “vaca ladrona, no olvida el portillo”. Por eso hay que votar por el cambio y el progresismo, de manera que se consolide una democracia verdadera donde la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, estén por encima del capital privado y de la empresa, pues tanto la propiedad privada (Art. 58) como la empresa (Art. 333) cumplen una función social.
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