Si la Fiscalía se concentrara en un solo delito en el tema de la venta de favores del Congreso la investigación andaría rápidamente y podría demostrar que es el Congreso el que pide dinero para aprobar leyes y reformas constitucionales y que, además, recibe dinero de los empresarios para los mismos propósitos. Los verbos rectores, constreñir o inducir, son fáciles de precisar con el diccionario de la real academia de la lengua española. El primero significa “Obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo”. El segundo, responde a “Incitar, instigar o mover a alguien para que actúe de cierta forma o ejecute determinada conducta.”
Cualquiera de los dos comportamientos es típico de los congresistas, pues ellos con la disculpa de que trabajan para las regiones consiguiendo dinero y obras para su progreso y para responder a sus propios planes políticos, saben que si no presionan para obligar al gobierno a incluir las apropiaciones en el presupuesto o para incitar a que responda sí a sus pretensiones, su elección no tendrá la posibilidad de ganarles la reelección, que es lo que verdaderamente les interesa: permanecer en el Congreso como Efraín Cepeda y jubilarse con la pensión más alta posible. A estos personajes poco les importa la democracia, ni el respeto por las reglas electorales. Quieren llegar al Congreso como sea y al precio que sea. Hay Congresistas de las comisiones terceras y cuartas que se gastan, con apoyos del presupuesto público, $100 mil o $200 mil millones en asignaciones a sus regiones y a otros departamentos, para conseguir los apoyos y votos que requieren y necesitan.
Una infiltración al Congreso en algunas Unidades de Trabajo Legislativo, le darían a la Fiscalía y a los Jueces, el material necesario para llevar a la cárcel a más de la mitad del Congreso, pues hay que decirlo también no todos son tan “rastreros”, como para decir que viven del delito y de los delincuentes que los apoyan. Lo primero que debe hacerse es quitarle a las altas Cortes toda vinculación burocrática con el Gobierno Nacional. Que no participen en elecciones salvo las que la ley estatutaria les asigne dentro de sus competencias. Si bien la cooptación era despreciable, hoy vemos que la sociedad la tenía como menos peligrosa que el intercambio de favores que se da cuando interviene el Congreso. También es odioso lo que ocurre en la elección de Procurador, Contralor y Registrador Nacional del estado Civil donde el “patrocinio de sus ahijados” es vox populi, en todas las esferas del poder. Nada de meritocracia o experiencia, y sí mucho padrino en movimiento.
Una reforma a la Constitución, directamente por el pueblo, con ayuda de las redes sociales y con veedores internacionales independientes, le daría a Colombia otra cara de la verdadera democracia, para evitar tanta compraventa de votos, fraudes electorales y delitos contra la administración pública, como estamos viendo con muchos elegidos. Si el pueblo hace las selecciones directamente con su voto no habrá corrupción y el que corrompa que sea castigado con las inhabilidades y la cárcel dentro de los criterios jurídicos que establezcan las leyes.
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