El gobierno de Colombia, durante décadas ha compartido acciones con los grupos paramilitares y otras camarillas armadas ilegales. A falta de poderlos combatir con la fuerza pública, los ha vinculado de manera oscura a ejecuciones extrajudiciales y a combates nocturnos, para exterminar a miles de opositores que el oficialismo considera “sus enemigos”. Ese apoyo lo han recibido también los terratenientes, los ganaderos, los grandes productores de banano, aceite de palma y minería legal e ilegal. Todo consta en actuaciones judiciales. Otros beneficiarios han sido los explotadores de carbón y los petroleros cuyas avanzadas son, en principio, actores furtivos de la violencia blindada por el capital y el narcotráfico.
Los paramilitares pueden ser responsables de 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres con 7.160 muertos, 371 casos de tortura y sevicia, más de 1.000 niños reclutados y despojo o abandono de cerca de 800.000 hectáreas de tierra y la fuerza pública de 2.399 asesinatos selectivos, 158 masacres con 870 muertos, 182 ataques a bienes civiles, 71 muertos civiles en acciones bélicas, un número por determinar de casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Y hay casos específicos como la muerte de más de 6400 personas por falsos positivos y más de 5000 muertos por violencia ideológica contra la UP. Estos datos han sido recogidos en el Centro Nacional de Memoria Histórica y en la JEP.
Tanto guerrilla como paramilitares tienen su propio procedimiento para juzgar y castigar los delitos, pero lo interesante es que el Pacto Histórico ha abierto un espacio legal para discutir el llamado “perdón social”, que fue explicado frente al Senado de Colombia, en agosto 2021, cuando Petro manifestó que su propuesta proviene del concepto de perdón esgrimido por el filósofo francés Jaques Derrida (1930-2004). Esa idea ha suscitado la crítica de la derecha, cuando han sido ellos mismos autores, cómplices y auxiliadores de grupos de agentes fuera de la ley para exterminar la oposición izquierdista en el territorio, como se ha demostrado en investigaciones de la Justicia Especial para la Paz. Hoy todo lo que propone el líder del Pacto histórico les parece salido de foco, pero cuando ellos hablan se excusan para justificar cualquier atrocidad material o legal. La derecha olvida que la paz es un derecho necesario y fundamental, el primero de todos para vivir en comunidad y desarrollar políticas solidarias de progreso y desarrollo.
Si alguien tiene que dar el primer paso para lograr la concordia es el propio gobierno porque el Presidente tiene como función constitucional “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. (Art 189 numeral 4º Constitución). Todas las herramientas jurídicas están en sus manos, ya lo demostró el expresidente Santos al conseguir que más de 15.000 guerrilleros en armas se acogieran a las leyes de la República. No es, por tanto, grotesco o fuera de toda linea roja hacer la paz. Pues ese es uno de los objetivos de toda sociedad y de cada mandatario elegido popularmente.
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